Dos juzgados de lo Contencioso-Administrativo han condenado al Ayuntamiento de Benidorm, según han informado fuentes del Sindicato Profesional de Policías y Bomberos de la Comunidad Valenciana (SPPLB), a abonar a dos trabajadores municipales algo más de 30.000 euros por realizar tareas de superior categoría o por no abonar en tiempo y forma las horas extraordinarias que tenían reconocidas.
Los fallos judiciales, de los que ayer se hizo eco la sección local del SPPLB, se suman a la larga lista de sentencias a las que ha tenido que hacer frente el Ayuntamiento por estas dos cuestiones. Una lista que, según afirmaron fuentes de este sindicato, asciende ya a 14 fallos en contra por pleitos de funcionarios que realizan tareas de categoría superior a la que tienen reconocida y la primera por el abono de horas extra, cuya cuantía total se eleva a decenas de miles de euros.
Según los datos que aporta el SPPLB, la primera de estas nuevas sentencias, dictada el pasado 18 de diciembre por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante, por silencio administrativo, reconoce el derecho del trabajador, con plaza como vigilante de instalaciones deportivas, a ser retribuido conforme a las funciones de administrativo que realmente ha venido desempeñando desde el año 2014 hasta la actualidad. O, dicho de otra manera, obliga al consistorio a abonar las diferencias retributivas entre un puesto y otro, con los correspondientes intereses y el pago de las costas judiciales.
La segunda de estas nuevas sentencias, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante, reconoce a otro trabajador municipal el derecho a recibir el pago de 181 horas extraordinarias, como así lo había reclamado el propio funcionario, y no la compensación de estas horas en días de vacaciones como pretendía la Administración local, además de los intereses generados y las costas judiciales. El trabajador no sólo justificó ante el tribunal la realización de estas 181 horas por encima de su horario laboral sino que, además, disponía de un reconocimiento de las mismas por parte de la propia corporación local, «al contar tales horas extraordinarias realizadas con el visto bueno del Concejal del Área y haber sido anotadas en la situación administrativa del recurrente», según recoge el fallo.
Desde el sindicato SPPLB afirmaron ayer que estas dos nuevas condenas «no hace más que dejar patente la arbitrariedad y la animadversión» de la Administración hacia funcionarios afiliados a esta central y pusieron como ejemplo el hecho de que, mientras algunos funcionarios han de recurrir a los tribunales para que se les abonen las horas extraordinarias, existen casos de «personal allegado a algún concejal que continuamente cobran 800 euros de horas extras sin tener q acudir a los tribunales». Igualmente, lamentaron que estas actuaciones «perjudican gravemente» al interés público, por «los gastos que están causando a las arcas de forma innecesaria, intereses y costas judiciales».
Todo parece indicar que estos dos nuevos fallos no serán los últimos. De hecho, el pasado septiembre el grupo municipal socialista denunció públicamente que el consistorio tenía interpuestas 11 demandas de funcionarios por el pago de horas extra, de modo que, si en este tiempo no se ha interpuesto o resuelto alguna otra, aún quedarían una decena pendientes de resolver.
Desde el SPPLB confiaron en que a partir de ahora, tras la aprobación definitiva de la nueva Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) municipal, se regularice la situación y no se vuelvan a producir casos de funcionarios que realizan labores superiores a las que tienen asignadas.
