El expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados tras la decisión de la juez sustituta del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, quien ha acordado seguir la causa por los cauces del procedimiento abreviado contra las 26 personas investigadas -entre ellos el propio Rus- en relación a las contrataciones irregulares de las empresas públicas Imelsa y Ciegsa, que constituyen las piezas separadas B y F del denominado ‘caso Taula’.
Entre esos investigados figuran, además del que fuera presidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia, el ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla, los ex diputados provinciales Rafael Rubio (PSPV-PSOE) y Salvador Enguix (PP), dos exalcaldes y un exconcejal.
La instructora considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de pertenencia a organización criminal y de delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.
El auto, notificado este martes y que puede ser recurrido en reforma y/o apelación, da diez días a la Fiscalía y a las acusaciones personadas en las diligencias para que formulen escrito de acusación y soliciten la apertura de juicio oral, el sobreseimiento o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
Según se recoge en la resolución, Alfonso Rus, su entonces jefe de gabinete, Emilio Llopis, el gerente de Imelsa, Marcos Benavent, más conocido como el ‘yonqui del dinero’, y Máximo Caturla utilizaron dicha mercantil “en beneficio propio” y contrataron a trabajadores “para responder a favores solicitados por terceras personas”. En muchos de esos casos los empleados tenían la condición de asesores de miembros del consejo de administración de Imelsa pero no desarrollaron ningún trabajo para la empresa.
En la realización de estas contrataciones colaboraron presuntamente otros investigados como la entonces directora de Recursos Humanos y el director financiero de Imelsa, María Gracia Escrihuela y José Enrique Montblanc, respectivamente.
Según consta en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado unido a las actuaciones, esas incorporaciones de personal “se hicieron obviando el procedimiento que garantiza los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, transparencia e imparcialidad” y tampoco respetaron las limitaciones impuestas en las Leyes de Presupuestos Generales entre los años 2009 y 2014.
La juez enumera a 12 personas contratadas en este periodo en Imelsa por orden de Alfonso Rus que percibieron salarios sin haber desarrollado ningún trabajo efectivo para esa empresa de la Diputación.
Entre esas 12 personas, que están igualmente encausadas, figuran desde el alcalde de la localidad de Cofrentes, Raúl Mateo Ángel Balufo, hasta un jugador del Club Deportivo Olímipic de Xàtiva, el club de fútbol que presidía el propio Rus.
La instructora también cuestiona las retribuciones por productividad y dietas percibidas sin justificación entre los años 2011 y 2014 por Benavent, Escrihuela y Montblanch, que ascienden por el primero de los conceptos a 56.648, 97.125 y 82.162 euros, respectivamente.
De igual modo, el auto refiere otras cinco contrataciones presuntamente irregulares en Ciegsa, la empresa de la Generalitat Valenciana dedicada a la construcción de colegios e institutos, cuyo consejero delegado entre 2003 y 2007 fue el también secretario autonómico de Educación Máximo Caturla.
Entre estos cinco contratados de Ciegsa entre los años 2004 y 2005 destacan el que fuera alcalde de la población de Llosa de Ranes por el PP Evaristo Aznar y el exconcejal del Ayuntamiento de Requena por este partido Manuel Gómez.
