El ayuntamiento de Castelló ha avanzado este lunes en el procedimiento para retirar la Cruz de los Caídos del parque Ribalta con la resolución decretada por la concejala de Memoria Democrática, Verónica Ruiz, en la que ordena su retirada. La orden fija quitar el monumento en base a las leyes estatal y valenciana de memoria democrática y la comunicación de la autoridad competente en esta materia, la Dirección General de Calidad Democrática.
La concejala ha explicado que «basándonos en la legalidad, y teniendo en base al informe de la autoridad competente, que es la Dirección General de Calidad Democrática, el que determina que el monumento es un vestigio de exaltación franquista, y como edila con las competencias delegadas de Memoria Democrática ordeno la retirada del monumento a los caídos del Parque Ribalta”.
Respuesta a las alegaciones
Además, tal como establece el punto octavo del documento, el consistorio notificará ahora la resolución de la regidora a las personas que han comparecido en el expediente, informándolos individualmente de la contestación a sus alegaciones.
Desde el consistorio señalaron a su vez que disponen de la autorización de la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana para ejecutar el proyecto de retirada del monumento y ampliación del jardín del parque Ribalta, Bien de Interés Cultural. Además, hay que recordar que el espacio donde se encuentra el vestigio es de titularidad municipal y, por lo tanto, el consistorio tiene competencias para actuar en el mismo.
El nuevo expediente administrativo para la retirada del monumento, activado en mayo de 2021, ha sumado más de un centenar de alegaciones a favor de la actuación. Además, el Comité Técnico de Expertos para la valoración de la retirada de los vestigios vinculado a la Guerra Civil y la Dictadura de la Comunidad Valenciana, determinó que el monumento del Parque Ribalta “continúa siendo en la actualidad un signo de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura para ser un punto de concentración para la exaltación del franquista en fechas concretas” y la Dirección General notificó que este monumento «es, en la actualidad, un monumento contrario a la democracia y hay que aplicar las leyes».
