Un centenar de trabajadores han demandado al IVVSA y a la Generalitat por el Expediente de Regulación de Empleo –ERE- promovido por el gobierno valenciano y han solicitado que la consellera de Territorio, Isabel Bonig, y otros altos cargos de la Generalitat sean citados a declarar por fraude de ley y ausencia de buena fe en la presentación del expediente.
Protestas de los trabajadores del IVVSA
Los trabajadores alegan que el IVVSA ha omitido y manipulado interesadamente datos sobre las funciones y la situación real de esta empresa pública en sus argumentos acerca de las causas productivas, organizativas y económicas con las que se ha pretendido justificar lo que puede ser el inicio de la liquidación de esta empresa pública.
De hecho, los trabajadores denuncian que la gerencia de la empresa ha estado demorando desde hace meses la firma de certificaciones de trabajos realizados para la Generalitat e incluso la firma de escrituras de compraventa de viviendas y locales para limitar el flujo de ingresos con el fin de presentar peores resultados económicos y justificar en datos interesados las drásticas medidas de reducción de plantilla, incurriendo así en un claro fraude de ley.
Los trabajadores denuncian también que la Generalitat siga adeudando más de ciento treinta millones de euros al IVVSA, de forma que la causa de su situación económica no radica en el funcionamiento de la propia empresa pública o la caída de la demanda del mercado inmobiliario sino más bien en la falta de voluntad política de la Generalitat para que esta empresa siga cumpliendo su función social.
La ausencia de voluntad de aplicar medidas que garantizasen la viabilidad de la empresa se pone de manifiesto en que el IVVSA ni siquiera adoptó las medidas de auditoria y control que exigía el Decreto Ley dictado a finales del 2011 por la Generalitat cuando aún se podía llevar a cabo una reestructuración ordenada del sector público, lo que demostraría la ausencia de voluntad real y buena fe en la presentación del ERE. La mayor parte de los demandantes hacen responsable de esta situación a la consellera Bonig, presidenta del consejo de administración, y a la gerente de la sociedad, Inmaculada García, cuyos interrogatorios en el juicio ante los Juzgados de lo Social han solicitado una buena parte de los trabajadores.
Los demandantes denuncian a la Generalitat por desatender preceptos constitucionales y estatutarios que le obligan a seguir prestando el servicio que venía desarrollando el IVVSA, para favorecer el acceso a la vivienda de las personas y familias con menos recursos económicos, especialmente en la situación económica actual, y además han puesto en evidencia los innumerables errores infligidos por el IVVSA en el cálculo de las indemnizaciones.
En la actualidad existe una importante bolsa de viviendas de titularidad pública desocupadas y nuevas promociones que podrían reconvertirse a alquiler social si el IVVSA pudiera seguir desarrollando su actividad como hasta el momento.
Por otra parte, los demandantes critican que el diseño del nuevo organigrama no se ajusta a criterios de racionalidad ni eficacia sino que obedece a esquemas preconcebidos de reducción forzosa de las dimensiones de la empresa para entregar progresivamente al sector privado algunas de sus funciones y, además, cuestionan que la elección de los trabajadores afectados por el ERE haya sido arbitraria e injustificada, habiendo incurrido en situaciones marcadas por el pago de favores y satisfacción de compromisos políticos para decidir algunas permanencias en la empresa.
El equipo jurídico integrado por Esther Pérez y Antonio Montiel, quienes ejercen la defensa del grupo más numeroso de afectados, ha destacado la incomparecencia de la empresa a todos y cada uno de los actos de conciliación celebrados hasta la fecha como una muestra más de “ausencia de buena fe y de voluntad real de alcanzar acuerdos por parte de la gerencia del IVVSA”.
Montiel destaca que la forma de proceder de la Generalitat pone de manifiesto que “lo que está primando en la reestructuración del sector público valenciano no son criterios de racionalidad y eficiencia sino criterios puramente ideológicos y economicistas a corto plazo que tal vez puedan servir para maquillar las cuentas del sector público durante uno o dos ejercicios, pero si no cambian las políticas, la nueva Corporación pública que la Generalitat pretende implantar, refundiendo las empresas y entidades actuales, nacerá lastrada por la deuda adquirida y la falta de previsión para los nuevos tiempos”.
VLCCiudad/Redacciçon
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