La consellera de Agricultura, Mireia Mollà, ha defendido la necesidad de abordar «un debate responsable sobre el precio de la alimentación» y ha abogado porque «cualquier iniciativa de una cesta básica asegure precios justos para el productor y productos frescos de proximidad».
Mollà ha calificado de “interés general” la garantía de precios justos y asumibles para las familias en materia de alimentación, frente a la escalada de costes que “golpea directamente a las necesidades más básicas de la vida”. Se posiciona así sobre el tema que está ocupando los titulares y los temas de debate en todo el país a raíz de la propuesta que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, puso sobre la mesa la semana pasada al respecto.
Al respecto, la titular de Agricultura ha afirmado que “el problema más grande es que no se está garantizando el precio al productor”, durante la apertura de una jornada sobre el funcionamiento de la cadena alimentaria, en la que han participado el conjunto de entidades agrarias –AVA-Asaja, La Unió, COAG, UPA, Comité de Gestión de Cítricos y Federación de Cooperativas Agroalimentarias- y del sector empresarial y distribuidor a través de Fedacova y Asucova.
La consellera también ha defendido “una mayor transparencia que especifique el coste añadido de cada eslabón, en aras de una cadena alimentaria más fuerte y madura y de una alimentación saludable y de proximidad a un precio justo”.
Durante la mesa redonda, representantes de las distintas entidades sectoriales han expresado sus puntos de vistas, coincidieron a la hora de señalar que conviene propiciar unas condiciones de mercado adecuadas para todos los actores que intervienen en el proceso.
La jornada ha contado también con la directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios, Gema Hernández, que ha explicado los detalles de la modificación de la legislación sobre el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Este cambio normativo permite a las comunidades autónomas introducir instrumentos de gestión como la Agencia Valenciana de Información y Control (AVICA), cuyo mandato es el de extremar la vigilancia y la inspección en las operaciones para velar por el cumplimiento de la ley.
El secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural, Roger Llanes, ha destacado que «contar con un instrumento de estas características supone un paso muy importante de cara a lograr un mejor funcionamiento del mercado que redunde positivamente en todos los eslabones que conforman la cadena alimentaria a fin de que cada uno de ellos pueda obtener una remuneración justa por su trabajo, sin olvidar tampoco la necesidad de satisfacer de forma adecuada a los consumidores».
