El Plan Nacional de Energía y Clima del Gobierno de España define los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de penetración de energías renovables y de eficiencia energética que debe implementarse hasta el 2030. Las comunidades autónomas, entre ellas la Comunitat Valenciana, han actualizado su normativa autonómica para desarrollar el citado plan; en nuestro caso, con el Decreto Ley 14/20202 y con el Decreto Ley 1/2022.
Tanto el plan nacional como los decretos autonómicos limitan totalmente la capacidad de decisión de los ayuntamientos para poder decidir los lugares y tamaños más adecuados para las instalaciones de renovables en sus respectivos municipios, rayando la inconstitucionalidad por saltarse las normas urbanísticas municipales.
Multinacionales y fondos de inversión extranjeros, ante la posibilidad de hacer negocio, han desembarcado en la mayoría de las comarcas del interior planteando sus instalaciones contando con la facilidad que permiten las normativas, incluyendo, tal como se ha comentado, pasar por encima de los ayuntamientos, poder poner instalaciones en espacios protegidos y acceder a la declaración de interés comunitario, que puede acarrear la expropiación de los terrenos necesarios para las instalaciones, en algunos casos, transformando zonas agrícolas en plena producción.
La petición de la Coordinadora a los plenarios de los ayuntamientos plantea la derogación de aquellos artículos de los decretos autonómicos que no permiten que sean los ayuntamientos los que puedan decidir sobre las instalaciones de renovables en los municipios. Del mismo modo, pide también que se cumpla lo antes posible el ‘Acuerdo parlamentario de los grupos parlamentarios del Botànic sobre energía’, pacto que, en su redacción y en opinión de la Coordinadora, es contradictorio con los decretos autonómicos, pues en ese acuerdo, firmado el pasado mes de mayo, entre otros puntos se revindica lo que la Coordinadora lleva tiempo demandando:
“El establecimiento de mecanismos que permitan a los municipios participar en la planificación y ordenación de la implantación de energías renovables en el su término”.
El Decreto Ley 14/2020 plantea que hasta el 2030 la Comunitat Valenciana debe instalar 6000 Mw de energía solar fotovoltaica y 4000 Mw de energía eólica. Desde la Coordinadora siempre se ha pedido que se diga cuánta energía se puede conseguir con autoconsumo, comunidades energéticas e instalaciones en zonas degradadas; después, el resto, hasta llegar a los 10000 Mw, se debería negociar con los territorios para asegurar el objetivo de 2030 en opinión de la Coordinadora que señala que, desgraciadamente, el proceso hasta ahora ha sido al revés: Las comarcas del interior están llenas de peticiones de proyectos, en algunos casos con necesidad de grandes extensiones de terreno.
La Coordinadora explica que «los ciudadanos queremos pagar el mínimo posible por la energía que consumimos en nuestros hogares y para ello sólo hay dos soluciones: El autoconsumo individual o colectivo, que necesariamente lleva consigo tener que invertir capital, y las Comunidades Energéticas Locales con participación municipal, que permitirán a los ayuntamientos empezar a ofrecer a sus ciudadanos una energía más barata o dedicada a las personas más vulnerables». La Coordinadora concluye que éste debería ser el primer objetivo de las autoridades, ya que «la electricidad de las macroplantas no será la que abarate el recibo de la luz».
