Vicent Sarrià, concejal del grupo socialista en el ayuntamiento de Valencia, ha pedido a la Generalitat que no apruebe el proyecto de canalización de gas en el parque natural de la Albufera, puesto que el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) ha sido ya anulado por el Tribunal Supremo.
Según indica el grupo municipal socialista en un comunicado, la empresa CEGAS S.A. presentó al consistorio un proyecto de canalización que hiciera posible llevar el gas a las torres de edificios del Saler conocidas como ‘Les Gavines’, situados en el Parque Natural de la Albufera. Se trata de unas edificaciones que el Plan General de Ordenación Urbana –PGOU– de Valencia catalogó en 1988 como fuera de ordenación para que, una vez finalizada su función, desaparecieran del espacio natural protegido.
Sarrià ha explicado que el trazado propuesto discrurre entre la glorieta de la CV-500, al final de la autopista, en dirección sur junto a la zona boscosa, hasta la entrada a la zona residencial de Les Gavines; y desde ese punto, a través de viales de suelo no urbanizable de especial protección, a los edificios antes mencionados, que el planeamiento vigente sitúa como fuera de ordenación.
El edil socialista ha destacado que la Delegación de Urbanismo “hizo valer en la Comisión de Urbanismo del 21 de noviembre pasado unos criterios interpretativos” que, a su entender, “vulneran claramente la normativa de protección ambiental del Parque, y todo ello a pesar de que la Oficina de Devesa Albufera insistía en que el trazado propuesto podría no ser autorizable y reclamaban numerosos informes previos de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente”.
El grupo municipal socialista se dirigió a la conseller Isabel Bonig “advirtiéndole de los perjuicios que podría ocasionar este proyecto para el parque y a fecha de hoy todavía se están elaborando los informes de los diferentes departamentos”. Sin embargo, para el concejal socialista, la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de mayo, que ratificó una anterior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que declaraba el Decreto 259/2004 del Consell por el que se aprueba el PRUG como parcialmente contrario a derecho, “pone claramente en evidencia este proyecto, y es muy probable que no tenga fundamento jurídico alguno”.
“La sentencia ha supuesto un varapalo judicial para las pretensiones especulativas del Ayuntamiento y la Generalitat – comenta Sarrià-, ya que con el PRUG se pretendía edificar en determinados ámbitos del parque y se establecían numerosas actuaciones contrarias al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN)”.
Para Sarrià, “todas las actuaciones que se han llevado a cabo en base al PRUG deben ser revisadas, y por tanto aquellas que están tramitándose con anterioridad a la sentencia del Supremo, como es el caso del proyecto de la canalización del gas, ya no tienen cobertura legal”.
Al respecto, el concejal socialista ha remitido un nuevo escrito a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, para que no autorice este proyecto de canalización de gas “por los efectos negativos para el parque y las posibles repercusiones que pueden derivarse de esta actuación negligente y poco respetuosa con su reconocimiento internacional”. “Unos valores ambientales que ahora salen reforzados tras la sentencia del Supremo”, ha sostenido.
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