Desde este próximo martes, otra pieza separada del caso Imelsa, la que investiga la adjudicación y prestación de un servicio de atención telefónica de la empresa pública de la Diputación de Valencia, obligará de nuevo a sentarse en el banquillo de los acusados al expresidente de la corporación provincial, Alfonso Rus.
Es la segunda vez que el ex mandatario popular es juzgado en relación con el caso Imelsa, cuando aún no se conoce la sentencia de la primera, la de la supuesta contratación ilícita de personal que no acudía a sus puestos de trabajo, vista para sentencia en marzo.
Son siete personas las que serán juzgadas junto a Rus (para el que la fiscalía pide 8 años de prisión) en este juicio, que empieza el martes, 25 de abril, previsiblemente a las 10 horas, en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia: El mediático exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, el autodenominado ‘yonqui del dinero’ para quien el fiscal pide 4 años y medio de prisión; el exsuegro de éste, Mariano López, adjudicatario del servicio de atención telefónica, que se enfrenta a una petición de 13 años de cárcel; dos funcionarios de la Diputación, uno de los cuales se enfrenta a una petición de 6 años de prisión; otro empresario que se enfrenta también a 13 años de cárcel y dos familiares.
Los hechos que se juzgan se produjeron en mayo de 2013 cuando Imelsa (luego Divalterra) adjudicó a la empresa Servimun SL un contrato de prestación de servicios de atención telefónica y telemática a los contribuyentes de aquellos municipios que delegaban la gestión y recaudación tributaria en la Diputación de Valencia.
Según la información recabada por la UCO de la Guardia Civil en el transcurso de sus investigaciones, esta empresa recibió de Imelsa un total de 930.000 euros entre agosto de 2013 y enero de 2016. El juez estima que pudo existir un propósito deliberado de adjudicar el servicio no a la mejor oferta sino a una decidida de antemano, a sabiendas de que se producía un favorecimiento arbitrario y del riesgo de desviar y malgastar dinero público.
El juez ha destacado también la “relación de vecindad y amistad” entre uno de los funcionarios encausados y el exsuegro de Marcos Benavent, quien tenía un “conocimiento estrecho” de Alfonso Rus.
