El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha confirmado durante su intervención en el pleno ordinario de diciembre que el Ayuntamiento pedirá en enero a la Generalitat Valenciana la asunción de competencias para incoar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores por infracciones leves, graves y muy graves en materia de viviendas de uso turístico.
Así lo ha indicado en su turno de réplica antes de votar el punto relativo al sometimiento a información pública de la modificación puntual número 52 del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) referente a la nueva regulación de los usos de alojamiento turístico en la ciudad y consulta a organismos afectados.
Dicho punto se ha aprobado con los votos a favor de los concejales del equipo de gobierno del PP y con la abstención en bloque de la oposición, que conforman los grupos municipales de PSPV, Vox, Compromís y EU-Podem.
Villar ha incidido en que este jueves «solo» se ha elevado al pleno «abrir el plazo de alegaciones» a esta propuesta. Villar ha apostillado: «Al final, el único grupo que en Alicante va a permitir que se suspendan las licencias de apartamentos turísticos va a ser el PP».
Durante el debate, la edil socialista Trini Amorós ha asegurado que «no» puede haber «barrios de primera y de segunda, incluso de regional», y ha aseverado que esta modificación «perpetúa ese modelo por categorías e inversores con privilegios a costa de un bien muy preciado como es la vivienda».
En todo caso, ha acusado a los miembros del equipo de gobierno ‘popular’ de «no» ser «capaces de ver en los hoteles de cuatro y cinco estrellas una oportunidad como motor que revierta en la economía de los barrios menos favorecidos, como elemento de descentralización y dinamización de barrios».
Por su parte, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha lamentado que en la modificación «no» se incluyan los bloques de apartamentos turísticos «de categoría superior», que «son aquellos que se asimilan a los hoteles de cuatro y cinco estrellas», que «sí» se han incluido.
En este sentido, ha señalado que los bloques de apartamentos turísticos de categoría superior «priorizan la calidad frente a la cantidad y crean empleo porque el perfil de visitante que viene a Alicante» es «económico alto».
En el caso de Compromís, su portavoz en el Ayuntamiento, Rafa Mas, ha sostenido que los «no residentes» están detrás del «35 por ciento de las casas que se compran en esta ciudad», mientras que «en España son el 8%», y ha pedido al vicealcalde y a la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, que «asuman» las competencias para inspeccionar los pisos turísticos.
Límites «ineficaces»
De otro lado, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha apuntado que «los límites que se fijan son ineficaces y, en algunos casos, injustos» y ha resaltado que, «si no hay un control efectivo de las viviendas turísticas ilegales, esta regulación tampoco va a servir para nada». Además, ha subrayado que la propuesta «penaliza a los pequeños propietarios».
