A las puertas de una huelga indefinida que amenaza con paralizar los centros públicos a partir del 11 de mayo, la Generalitat Valenciana ha movido ficha para proteger el proceso de la EBAU (EVAU). La Conselleria de Educación ha remitido una propuesta de servicios mínimos que, en la práctica, anula el derecho a la huelga para los docentes de 2º de Bachillerato al exigirles el cumplimiento del 100% de su jornada lectiva.
El objetivo: Proteger el acceso a la Universidad
La Administración justifica esta medida excepcional basándose en la necesidad crítica de que el alumnado de último curso sea evaluado y calificado sin retrasos. Según el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, una alteración en los exámenes finales podría causar un daño «irreparable» en la igualdad de oportunidades de los estudiantes.
«La prioridad son los alumnos. No podemos permitir que el sistema les falle cuando más nos necesitan», ha afirmado McEvoy, insistiendo en que el derecho a la educación es un servicio esencial que debe prevalecer en momentos tan determinantes como el cierre del curso académico.
Indignación sindical: «Un ataque directo al derecho a huelga»
La reacción de los representantes de los trabajadores ha sido de rechazo absoluto. Los sindicatos consideran que la propuesta es «desmesurada y abusiva», acusando a la Conselleria de utilizar la Selectividad como un escudo para neutralizar las protestas.
El comité de huelga denuncia varios puntos críticos:
-Obligatoriedad total: Se obliga a todo el profesorado de una etapa a trabajar, independientemente de si tienen evaluaciones ese día.
-Tareas impropias: Critican que se incluya la evaluación y calificación como «servicio mínimo», cuando estas son funciones ordinarias.
-Vía judicial: Los sindicatos han confirmado que no dudarán en impugnar de forma cautelarísima este decreto ante la justicia, al considerar que vulnera el artículo 28.2 de la Constitución.
Así quedan el resto de los servicios mínimos
Mientras que en 2º de Bachillerato el blindaje es total, para el resto de niveles educativos la Generalitat ha propuesto los siguientes servicios:
-Infantil y Primaria: Un docente por etapa educativa (mínimo uno por cada cuatro unidades).
-ESO, FP e Idiomas: Un profesor por etapa (mínimo uno por cada diez unidades).
-Centros de Educación Especial: Dos educadores por cada cinco unidades.
-Equipos directivos: Presencia obligatoria de un responsable en todos los centros públicos.
Un escenario de máxima tensión
El conflicto evidencia el estado de nerviosismo entre ambas partes ante un fin de curso que se prevé convulso. Con la EBAU en el horizonte, el pulso entre el blindaje administrativo y el derecho a la protesta del profesorado queda ahora pendiente de una posible resolución judicial que determine si este 100% de servicios mínimos es legal o si, por el contrario, excede los límites constitucionales.
