La educación pública valenciana entra hoy en terreno desconocido. Este lunes, 11 de mayo, ha arrancado la huelga indefinida en los centros de enseñanza no universitaria de las tres provincias. Lo que comenzó como un conflicto por la burocracia y las infraestructuras ha escalado hasta convertirse en un pulso total entre el colectivo docente y el Gobierno autonómico, con las familias divididas y el calendario de exámenes de 2º de Bachillerato en el centro de la diana.
Crónica de un desencuentro: por qué no hay acuerdo
El intento de última hora para frenar el paro en la Mesa Sectorial del pasado jueves terminó en un portazo. Los sindicatos convocantes (STEPV, CCOO, UGT y CSIF, con el apoyo de ANPE) rechazaron de plano la propuesta económica de la consellera Carmen Ortí: una subida progresiva de 75 euros mensuales de aquí a 2029.
«Indigna e irrisoria», sentenciaron las centrales sindicales, recordando que los docentes valencianos tienen los salarios más bajos de España en el tramo autonómico, congelado desde hace 16 años.
Pero el dinero es solo la punta del iceberg. El pulso también se libra por:
- La bajada de ratios en las aulas.
- La mejora de las infraestructuras escolares pendientes.
- La protección y fomento del valenciano en el sistema educativo.
Un calendario de protestas que asedia a la Administración
El conflicto no se quedará solo en las aulas vacías. Los sindicatos han diseñado una estrategia de presión creciente para esta semana:
- Lunes 11: Piquetes informativos y manifestaciones en València, Alicante, Castelló y Elx.
- Martes 12: Pegada de carteles y encierros nocturnos en los centros.
- Miércoles 13: El foco se traslada a las sedes de poder: concentraciones ante el Palau de la Generalitat y delegaciones territoriales (12:00 h).
- Jueves 14: Protestas frente a la Conselleria de Educación.
- Viernes 15: Una gran manifestación unitaria recorrerá el centro de València desde la Plaza de San Agustín.
Bachillerato y servicios mínimos: la batalla legalEl punto de mayor fricción social es 2º de Bachillerato. Ante la cercanía de la EBAU, la Conselleria ha decretado servicios mínimos estrictos para garantizar las evaluaciones. Carmen Ortí ha sido tajante en una carta enviada a las familias: «Ningún alumno puede ser rehén de un conflicto sindical».
Sin embargo, los sindicatos han respondido llevando estos servicios mínimos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), tildándolos de «abusivos» y buscando una medida cautelar que los paralice. Alegan que la «ambigüedad» de la resolución de la Generalitat genera una inquietud innecesaria en el profesorado.
Las familias, en medio del fuego cruzado
La división también llega a las casas. Mientras la Confederació ‘Gonzalo Anaya’ respalda la huelga como una medida necesaria contra la «inoperancia política», otras asociaciones como Covapa alertan del impacto irreversible que un paro prolongado puede tener en el rendimiento de los estudiantes.
Con las posiciones más enrocadas que nunca, la Comunitat Valenciana inicia una semana clave donde el silencio en las aulas será el reflejo de un conflicto que, por ahora, no tiene una salida negociada en el horizonte.
