El presidente de la Federación Valenciana de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas (Fecoval), José Luis Santa Isabel, ha expresado hoy la opinión de la organización ante las informaciones conocidas sobre el Plan de Pago a Proveedores que está diseñando el Ministerio de Economía y Hacienda.
De acuerdo con la postura de la CNC y la CEOE, Fecoval reclama la publicación del decreto, y que no se retrase a septiembre el pago, sino que se inicie el pago en el mes de julio, en lugar de septiembre u octubre, como al parecer es la intención del Ministerio. Respecto al contenido, considera que el decreto deberá incluir toda la deuda acumulada hasta la publicación del decreto, incluyendo la de 2011 y años anteriores y vertebrando un sistema ágil de reconocimiento de los procesos pendientes de pago, así como de los dependientes de subvención. Sólo así se podrá poner el contador a cero.
José Luis Santa Isabel, presidente de Fecoval, en su comparecencia ante los medios. Foto: Fecoval / CIVA
Al parecer, el Ministerio estaría considerando que en esta ocasión no sea necesario renunciar a los interés de demora. Este es un punto también fundamental, ya que estos intereses han consumido, en la mayoría de los casos, el beneficio de las empresas, que han tenido que financiar esa deuda y pagar, por lo tanto, por esas operaciones.
Según algunas informaciones publicadas recientemente, el Ministerio considera que hay que dar prioridad a Sanidad, Educación o Servicios Sociales. Sin embargo, Fecoval considera que se deben disponer fondos para toda la deuda, sin hacer distinciones. Hay que considerar que la construcción de un hospital es inversión en sanidad, tanto como el gasto farmacéutico y que, sin embargo, las farmacias han cobrado de enero a mayo 422 millones de euros, y tienen una demora de tres meses, mientras que las empresas que construyen hospitales, colegios o centros de día, tienen deuda acumulada desde 2007.
Por lo demás, Fecoval se felicita de que finalmente se vaya a disponer de una herramienta que espera que solucione definitivamente uno de los principales problemas de la Administración Pública, y espera que sea un punto y aparte para que los pagos a partir de ese momento cumplan con la Ley y con las recomendaciones europeas.
Un momento de la rueda de prensa de José Luis Santa Isabel. Foto: Fecoval / CIVA
Sin embargo, y aunque el pago de la deuda es un punto de partida, Fecoval mantiene que los gobiernos central y autonómico deben modificar sus políticas de manera inmediata, modificando sus presupuestos para incrementar las inversiones en obra pública productiva, tal y como están haciendo otros países y como ha reconocido el propio Fondo Monetario Internacional. La obra pública, además de suponer un desarrollo para el país, es la actividad económica que mayor retorno genera. El estado recupera fiscalmente un 60% de lo invertido, y se produce una creación de empleo de 117.000 puestos por cada 1% del PIB destinado a este fin, 180.000 si se incluyen los indirectos. La retirada de las inversiones en estos últimos años ha repercutido de manera dramática en el empleo de la Comunidad Valenciana y en las empresas de Fecoval.
En este sentido, Fecoval reclama un Plan Inversor para España y la Comunidad Valenciana. Igualmente, reclama al Consell una postura firme ante el Gobierno de Madrid para acabar con la discriminación continuada de la Comunitat Valenciana en los presupuestos.
Dentro del capítulo de licitaciones, Fecoval acepta que el modelo de colaboración público-privada puede ser útil en algunas ocasiones, siempre y cuando no sustituya a la licitación tradicional, y que esté apoyado en planes de viabilidad realistas, mejora de las garantías jurídicas y una clara mejoría de la financiación para estas operaciones a largo plazo.
La situación de las empresas miembro de Fecoval es, por todas estas circunstancias, crítica. La pérdida de empleo provocada por la caída de licitaciones y por la deuda acumulada ha obligado a buscar trabajo fuera de España, en un proceso de Internacionalización que, afortunadamente, muchas empresas iniciaron antes de la crisis. Sin embargo, y aunque el trabajo internacional pueda suponer la supervivencia de las empresas, hay que destacar que es un proceso que necesita una fuerte inversión, algo que se ve dificultado por la falta de pago y por el escaso interés de las entidades financieras españolas.
