La Concejala de Protección Ciudadana, Sandra Gómez, según ha valorado el concejal del Grupo Popular, Félix Crespo, “no ha hecho otra cosa desde que ha llegado al gobierno municipal, que generar incertidumbre entre los valencianos y entre el cuerpo policial que pretende dirigir, sin darse cuenta que la materia de seguridad ciudadana exige por su contenido técnico y normativo, un profundo conocimiento de ella y cuanto menos una prudencia de la que no ha hecho gala hasta estos momentos.”

De esta manera, el edil popular ha señalado que resulta “difícilmente entendible que pretenda decir públicamente que va a cumplir la Ley en cualquier caso, cuando lejos de ser una intención hay que recordarle a la concejala Gómez que ha de ser su primera y única obligación.”
Las afirmaciones de Sandra Gómez y las del alcalde Ribó, ha explicado Crespo, “rozan la prevaricación, por cuanto con independencia de la sensibilidad social que conlleva los desahucios, no pueden olvidar que la LO 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece en su artículos 29,2 y 53 la expresa y clara función de la Policía Local de participar en las funciones de policía judicial por las que puedan ser requeridos por los órganos jurisdiccionales.”
Para el edil popular, “es muy preocupante, y añadiría que hasta alarmante, que dos representantes públicos ordenen no actuar a la Policía Local ante un requerimiento que pueda realizar cualquier juzgado.” Según ha matizado, si así sucediera, “eso sencillamente se llama prevaricar y abocar a los agentes de Policía Local a un conflicto laboral por incumplimiento de las funciones que le son atribuidas por una ley orgánica y requeridas por órganos judiciales competentes para ello.”
Laxitud con los top manta
Este mismo planteamiento político, “de tomar decisiones sin sentido y de mero efecto populista cara a sus votantes,” ha afirmado Crespo, “ha llevado a que la señora Gómez a difundir unas declaraciones sobre los “top manta”, en las que textualmente dice que ha indicado a la Policía Local que dejen hacer a los vendedores ambulantes ya que no molestan a nada ni a nadie”
Permitir esta práctica ilegal que contraviene Ordenanzas Municipales y otras disposiciones legales, “se agrava además con la temeraria decisión de decirle a la propia Policía Local que no actúe ante situaciones de ilegalidad, abocando así a los profesionales policiales a incumplir la máxima fundamental que le exige el Ordenamiento Jurídico de evitar la comisión de cualquier acción ilegal o que contravenga las normas vigentes”, ha añadido Crespo.
Por último, ha destacado, “resulta evidente que esta decisión ha generado un gran malestar entre los comerciantes y establecimientos de venta que ya han manifestado que se verán perjudicados por unas ventas en manifiesta ilegalidad y de una brutal competencia desleal y arbitraria.”








