Manifiesta el rechazo del Consell por el aumento del tipo de interés para devolver el FLA, que supondría un impacto de 246 millones en intereses | Oltra: «Estamos en esta situación por el actual Gobierno, que se ha negado a abordar la modificación del sistema de financiación, y por el antiguo Gobierno autonómico, que se ha encargado de desviar dinero de forma fraudulenta» | Considera una «buena noticia» para la sanidad universal la decisión del TC de levantar la suspensión cautelar sobre la normativa de la Generalitat Valenciana
La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha indicado que «es una perversión que el Gobierno en funciones quiera que paguemos intereses por tener que pedir el Fondo de Liquidez Autonómica al ser una comunidad infrafinanciada».
Oltra ha señalado en la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell, que la Generalitat solicitará la adhesión al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de 2016, una medida a la que se tiene que acoger el Consell «por tener una situación de infrafinanciación injusta, que no se ajusta a los parámetros constitucionales de financiación».
La vicepresidenta ha mostrado, además, la disconformidad del Gobierno valenciano por el aumento del tipo de interés en la devolución del préstamo del FLA, que pasaría del 0% que había hasta ahora al 0,834% previsto para 2016, lo que tendría un impacto anual de 246 millones de euros.
«Se nos plantea como una magnanimidad del Gobierno central cambiarnos la financiación que nos corresponde por un préstamo. Por tanto, la consecuencia de estar infrafinanciados es que financiamos devolver esos préstamos con otro préstamo», ha indicado Oltra.
A este respecto, la vicepresidenta ha insistido en lo erróneo de esta situación ya que «de los 950 millones que vienen para pagar a proveedores y para hacer frente a nuestras obligaciones de Generalitat, nos quedarán 78 millones de euros. El resto es para pagar el servicio de deuda, para pagar, entre otras cosas, al Estado», ha explicado Oltra.
La vicepresidenta ha insistido en que «estamos en esta situación por el actual Gobierno en funciones, que se ha negado a abordar la modificación del sistema de financiación en la anterior legislatura, a pesar de que fue una promesa electoral, y por el antiguo Gobierno autonómico, que se ha encargado de desviar dinero de forma fraudulenta en los saqueos continuados que hemos sufrido».
«Entre el gobierno central y el anterior gobierno del Partido Popular se han evaporado más de 40.000 millones de euros, lo que se traduce en una ruina en diferido provocada por el saqueo y la falta de financiación constitucional que ha padecido esta comunidad», ha hecho hincapié Oltra.
La vicepresidenta ha recordado también que la negativa del Gobierno central de llevar a cabo «medidas, aunque fueran provisionales hasta que se modificara la financiación, para aliviar la situación financiera de la Generalitat ha supuesto un maltrato a la Comunitat Valenciana que este Gobierno no está dispuesto a tolerar, porque en vez de transferir recursos da préstamos».
Oltra ha explicado que, a partir de ahora, la hoja de ruta que plantea la Generalitat es «primero, el cambio modelo con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2016; si no es posible, aportación extraordinaria mientras no cambie el modelo; y, en último extremo, un FLA extraordinario para cubrir el agujero de financiación».
La decisión del Constitucional garantiza la sanidad universal
Por otra parte, la vicepresidenta ha mostrado su satisfacción por la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de levantar la suspensión cautelar acordada a principios de noviembre sobre la normativa de la Generalitat Valenciana, que regulaba el acceso universal a la atención sanitaria a personas extranjeras en situación administrativa irregular, mediante el Decreto ley 3/2015 del 24 de julio del Consell de la Generalitat Valenciana.
Oltra, que ha calificado esta decisión como «una buena noticia» para garantizar la sanidad universal, ha explicado que la Generalitat «puso un parche a una situación que nunca se tenía que haber producido», en alusión a los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy, «que han amargado la vida a miles de personas».
Por este motivo, la vicepresidenta ha indicado que, tras esta decisión del Constitucional, «el siguiente paso sería que el próximo gobierno de España derogue la normativa estatal».
