La concejala de Bienestar Social, Consol Castillo, busca adaptar los servicios sociales de la ciudad de València a la legislación vigente
La concejala de Bienestar Social, Consol Castillo, ha mantenido una reunión con la secretaria autonómica de Servicios Sociales, Helena Ferrando, en la que han avanzado en las negociaciones para transferir diversos servicios sociales que está pagando el Ayuntamiento pero que son competencia de la Generalitat, como es el caso de la residencia de personas con diversidad funcional de Vall de la Ballestera. Cabe recordar que en mayo de 2016 se creó una mesa de trabajo al respecto.
Se trata de una acción enmarcada en un plan de racionalización de los recursos del Ayuntamiento en esta materia ya que, según ha explicado la concejala de Bienestar Social, «el anterior equipo de gobierno decidía qué servicios sociales subvencionaba o no, en base a simpatías personales».
«Esto ha comportado que durante los años de gobierno popular se hayan dedicado numerosos recursos a servicios que correspondían a la Generalitat y, en cambio, se hayan abandonado colectivos que sí dependen del Ayuntamiento, como es el caso de los jóvenes y los menores, que durante años y años han estado huérfanos de recursos municipales. Ahora, el Ayuntamiento construirá dos centros de día para este colectivo, uno en el Cabanyal y el otro en las Naves de Ribes del Parque Central, para dar servicio a un colectivo muy necesitado de recursos que les ayuden y atiendan adecuadamente», ha dicho Castillo.
En la reunión, la secretaria autonómica se ha mostrado receptiva a que la Generalitat asuma ya en este año 2017 la concesión de una parte de las 65 plazas con las que cuenta la residencia. La intención de ambas instituciones es poder oficializar el año 2018 el traspaso total y completo del servicio.
Así, el Ayuntamiento cedería el edificio a la Generalitat, quien desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas pasaría a gestionar la residencia. Cabe recordar que el Ayuntamiento de València abona anualmente unos 2,5 millones de euros aproximadamente para este servicio que el gobierno del PP asumió cuando se trataba de una competencia autonómica.
Esta gestión que está llevando a cabo Castillo permitirá a la Concejalía de Servicios Sociales disponer de más presupuesto a partir de los próximos años para destinar a colectivos que hasta ahora no han sido contemplados prácticamente por parte del Ayuntamiento.
En la reunión también se ha acordado estudiar la situación irregular en la que se encuentran tres centros de formación para personas en diversidad funcional. En este caso, aunque el coste del servicio es asumido por parte de la Generalitat, el Ayuntamiento de València está pagando desde hace años el alquiler de los locales, a razón de 200.000 euros anuales. «El objetivo es regularizar también esta situación y, sobre todo, adaptar los servicios sociales que tenemos en la ciudad de València a la legislación vigente», ha subrayado Castillo.
