La Sala Quinta del Tribunal Contencioso – Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha condenado al Ayuntamiento de Chiva a pagar a los propietarios de unos terrenos 1.056.745,33 euros como justiprecio marcado por la expropiación de unos terrenos.
La sentencia se refiere a unos terrenos entre las céntricas calles Doctor Corachán y Doctor Nácher, de 904,96 metros cuadrados, destinado a dotacional público y que el anterior gobierno expropió para ejecutar una zona verde anexa a la Casa de la Cultura.
Los propietarios de los terrenos no aceptaron el precio que marcó la Junta de Expropiación Forzosa en su momento, casi cinco veces inferior a lo que la sentencia actual ha reconocido, y recurrieron a la justicia, que ahora les ha dado la razón y condenado al pago al consistorio.
Además, el Ayuntamiento de Chiva deberá pagar intereses de demora desde el año 2010, cuando se inició el procedimiento.
Desde el consistorio de Chiva se esperaba desde hace meses que llegara esta sentencia condenatoria, y se estudia solicitar un crédito para poder hacer frente a la sentencia en las próximas semanas y que no suponga «un problema de tesorería, porque el importe es lo suficientemente importante como para no poder afrontarlo en este momento, y en caso de hacerlo con recursos propios supondría repercutirlo retrasando el pago a los proveedores del ayuntamiento, algo a lo que no estamos dispuestos, porque no tienen por qué soportar la mala gestión del anterior gobierno», como ha asegurado el alcalde de Chiva, Emilio Morales.
Sentencias por valor de más de 2,6 millones
Los contenciosos judiciales a los que tiene que hacer frente el Ayuntamiento de Chiva por actuaciones en las dos anteriores legislaturas van a costar más de 2,6 millones de euros en sentencias.
«No vamos a reducir los servicios básicos, de hecho los estamos mejorando con trabajo y gestión eficiente, pero es evidente que en un presupuesto como el de Chiva, estas cantidades son importantes y suponen tener que recortar inversiones en infraestructuras», según ha asegurado Emilio Morales.
Se ha condenado al consistorio también a pagar 690.000 euros por unas expropiaciones irregulares de los terrenos del Campo de Fútbol de La Murta, o 234.000 euros por la devolución de un impuesto a un constructor que llegó a los tribunales de justicia. Las multas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) siguen llegando al consistorio y alcanzan ya los 600.000 euros, como por ejemplo por construir sin los permisos necesarios el carril bici en anteriores legislaturas.
