La nueva prestación económica sustituirá la renta garantizada de ciudadanía | Podrá tener carácter indefinido, cuando la situación de la persona que la solicite se mantenga en el tiempo | Flexibiliza los requisitos para poder demandarla la ayuda
El anteproyecto de ley de Renta Valenciana de Inclusión, aprobado por el pleno del Consell, cumple uno de los objetivos fundacionales del Consell del Botànic, rescatar personas, creando una ayuda que sirva realmente para terminar con la situación que viven muchas familias derivada del empobrecimiento provocado por la crisis y la política de recortes.
Esta nueva prestación, que sustituirá la renta garantizada de ciudadanía, permitirá que esta ayuda tenga carácter indefinido, cuando la situación de la persona que la solicite se mantenga en el tiempo, y ampliará los requisitos para poder demandarla.
El objetivo de este anteproyecto es ofrecer una respuesta digna y de justicia a las realidades carenciales, de vulnerabilidad y precarización que han producido un alarmante incremento de la exclusión social y un debilitamiento de la cohesión social en la Comunitat Valenciana.
Precisamente, la Comunitat Valenciana se encuentra en una situación de urgencia caracterizada por una alta tasa de desocupación, especialmente acusada en las personas menores de 25 años y en las mujeres; por un alto porcentaje de trabajadores y trabajadoras con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, con mayor incidencia en las mujeres; así como por un incremento de los porcentajes tanto riesgo de pobreza, como de situaciones de pobreza severa, entre otros indicadores.
Asimismo, se ha producido un descenso acusado de las tasas de cobertura de las prestaciones por desocupación y un incremento del número de pensiones no contributivas con importes en el límite de la pobreza severa.
Con la nueva ley, el Consell convierte la renta en un instrumento que realmente permita a las personas rehacer su proyecto de vida y también terminar con la burocracia y la gestión dispersa, de manera que se logre una mayor eficacia en la lucha contra la pobreza.
El texto del anteproyecto es el resultado de un amplio proceso de consulta, participación, y estudio de modelos de distintas comunidades autónomas y se ha seguido un proceso de diálogo con distintas consellerias, sindicatos, universidades y distintos actores sociales.
La nueva ley también apuesta por el municipalismo, en el sentido de que reconoce a los municipios como actor principal de atención a las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social, así como para liderar los programas de inclusión y la coordinación técnica y administrativa.
Principales novedades
La nueva normativa introduce novedades significativas como la de contemplar la posibilidad de que la renta tenga carácter indefinido, cuando hasta ahora había un límite de 3 años, con una carencia de dos.
El anteproyecto de ley también prevé la creación de distintos tipos de renta, una complementaria del trabajo o de las prestaciones que no llegan al 80 por ciento del salario mínimo interprofesional, y una segunda de Inclusión Social, que se concederá en función de una valoración individual de la persona solicitante y que variará en función de diversos aspectos.
De esta forma, el importe de ésta será de 532 euros en el caso de un titular, frente a los 385 actuales, tanto en los casos en que la persona no necesite un itinerario de inserción o de acompañamiento como en los que sí lo requiera, y en este último caso, si el solicitante renuncia voluntariamente a realizarlo mantendrá la ayuda, pero se reducirá hasta los 266 euros.
Para llegar a más personas
La nueva ley implica una renta que llegará a más personas, ya que se flexibilizan los requisitos de acceso, siendo necesario sólo un año de empadronamiento, frente a los 24 meses actuales.
Además, exige únicamente la residencia efectiva en la Comunitat Valenciana para tener derecho a la misma, y amplia la edad para poder solicitarla a los 18 años a la vez que se elimina el límite de edad para percibirla, cuando ahora era sólo para personas de entre 25 y 65 años.
Entre las mejoras que recoge el texto, también se incluye la redefinición de las unidades de convivencia, de manera que ahora dos unidades de convivencia podrán tener el mismo domicilio, siempre que los servicios sociales así lo consideren, y la concentración de las ayudas, de manera que la persona que sea titular de la renta tendrá también acceso a beneficios en otros ámbitos como el educativo o el de vivienda, sin necesidad de tener que hacer trámites adicionales.
Además, con esta ley se simplifica la tramitación y se ahorra gestión burocrática, de manera que serán los ayuntamientos los que se encarguen de hacer las valoraciones de las personas demandantes de la renta, y los servicios centrales de la conselleria se encargarán de la gestión, logrando así que los equipos municipales puedan centrarse en hacer intervención sobre el terreno.
