La Agencia Valenciana Antifraude ha detectado posibles irregularidades en la construcción de la estación de ferrocarril de Albal (Valencia), que habrían supuesto un sobrecoste de más de un millón de euros a cargo del Ayuntamiento de esta localidad, gobernada por el alcalde socialista Ramón Marí Vila. Este caso ha sido incorporado a la investigación que lleva el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en el marco del caso Koldo, y que ahora incluye este informe tras ser remitido por la Agencia.
La obra, cuya ejecución se remonta a la época en la que José Blanco López era ministro de Fomento, comenzó a tramitarse en 2011, cuando se firmó un protocolo para su desarrollo. Posteriormente, en 2019, se materializó un convenio entre el Ayuntamiento de Albal y Adif, representado entonces por Isabel Pardo de Vera. La adjudicación del contrato recayó en la empresa Lantania SL, en un periodo en que José Luis Ábalos dirigía el Ministerio de Fomento. Parte de la financiación de la obra provenía de fondos de la Unión Europea.
El informe de la Agencia Valenciana Antifraude señala que durante la tramitación y ejecución del convenio se detectaron varias irregularidades que afectaron directamente al coste final de la obra. En concreto, el Ayuntamiento de Albal habría realizado un pago a Adif que excedió en más de un millón de euros el coste real de la construcción y el justiprecio correspondiente a las expropiaciones necesarias.
Entre las principales deficiencias detectadas, la Agencia destaca que no se cumplieron todas las determinaciones del PATRICOVA (Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana). Este incumplimiento tuvo consecuencias relevantes, ya que la estación no fue inaugurada en la fecha prevista. De hecho, la apertura prevista se vio afectada por la riada derivada de la DANA que tuvo lugar en otoño de 2024, coincidiendo con el mismo día de la recepción oficial de las obras, el 29 de octubre.
El informe pone en duda que la obra pudiera ser recepcionada en esa fecha, pues cinco meses después, en marzo de 2025, aún no se había aprobado la certificación final de la construcción, lo que refleja una irregularidad en la gestión administrativa y técnica del proyecto.
Desde la Agencia Valenciana Antifraude se explica que no se ha profundizado en el análisis de la adjudicación ni en la ejecución integral de la obra, pues esto implicaría revisar actuaciones de responsables que exceden su competencia, en este caso, la gestión de Adif. Del mismo modo, no se ha examinado la justificación de las modificaciones del contrato, que añadieron más de 800.000 euros al coste inicial, debido a que estas responsabilidades corresponden a otros organismos fuera del ámbito de la Agencia.
La inclusión de este informe en la causa judicial que instruye el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, amplía el alcance de la investigación en curso y pone en el foco las posibles irregularidades cometidas en proyectos públicos con financiación europea y bajo la supervisión de altos cargos del Ministerio de Fomento durante varias legislaturas.
El caso, que ya abarca diversos ámbitos relacionados con la gestión y adjudicación de obras públicas, incorpora ahora este nuevo capítulo que cuestiona el uso adecuado de los recursos y la transparencia en la ejecución de infraestructuras clave en la Comunidad Valenciana.
La Agencia Valenciana Antifraude, como órgano encargado de velar por la integridad y la correcta gestión pública en la región, mantiene su compromiso de seguir investigando posibles irregularidades y de trasladar toda la información relevante a la justicia para garantizar que se depuren responsabilidades.
Este informe, con datos y evidencias sobre el sobrecoste en la estación de Albal y las deficiencias en la tramitación y ejecución del convenio, puede suponer un nuevo impulso en el proceso judicial y una mayor presión para esclarecer los hechos y sancionar posibles actuaciones irregulares en la administración pública.
