La Policía Nacional ha detenido en la ciudad de Benidorm a una empresaria de 54 años acusada de estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental y fraude de subvenciones, tras presuntamente haber estado cobrando prestaciones por ayudas que al parecer solicitó a nombre de una empleada que tenía contratada, utilizando su firma digital sin su consentimiento para realizar trámites en línea.
Según ha señalado el cuerpo policial en un comunicado, la arrestada supuestamente «se aprovechó de la juventud e inexperiencia en el ámbito laboral de la víctima, dado que era su primera relación laboral como empleada».
Los hechos se remontan a febrero de 2019, cuando la denunciante inició su andadura en el mundo laboral con 19 años en un establecimiento de Benidorm donde fue contratada, según creía ella, como aprendiz, y finalizó su trabajo para la empresa en septiembre de 2022.
No obstante, durante todo ese periodo no llegó a recibir copia del contrato, ni nóminas ni recibos de pago. De hecho, «su jefa le pagaba en efectivo la mayoría de las veces», según la Policía Nacional, que ha apuntado que, «sobre el mes de agosto del año 2024, la perjudicada recibió una carta de UMIVALE (SUMA) donde le informaban de la concesión de una ayuda por cese de actividad, algo que le extrañó puesto que ella no había solicitado ningún tipo de ayuda o prestación, por lo que comenzó a recabar información relativa a su situación con la administración en el ámbito laboral».
Tras las gestiones iniciales realizadas, tuvo conocimiento de que era la cuarta ayuda que se solicitaba a su nombre y los datos de las solicitudes se correspondían con los de una asesoría de Benidorm que había intermediado en la firma de su contrato laboral en su primer empleo. Asimismo, fue informada de que los trámites se habían realizado en línea mediante su firma digital.
Al conocer esto, recordó que cuando empezó a trabajar para el establecimiento de Benidorm, en el acto de firma del contrato, la regente de la empresa le solicitó la firma digital y su número de la seguridad social.
Seis prestaciones a su nombre
Finalmente, la afectada averiguó, a través de SUMA y la Agencia Tributaria, que entre los años 2020 y 2021 habían sido solicitadas hasta seis ayudas por prestaciones de distintos tipos y cantidades, por un valor superior a los 15.000 euros, cuyo ingreso fue realizado en una cuenta bancaria que ella desconocía, por lo que decidió interponer una denuncia en la Policía Nacional.
Los agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Benidorm se hicieron cargo de la investigación y averiguaron en primera instancia que todas las ayudas habían sido solicitadas de manera telemática usando la firma digital de la denunciante y que la asesoría (ella mencionó que medió en su contrato) era la que figuraba en las solicitudes.
Las prestaciones eran de carácter variado. Entre ellas, había una de la Generalitat Valenciana, por un importe de 300 euros, que se dirigía a aquellos autónomos que se encontraban percibiendo de la mutua o entidad gestora en los meses de enero y/o febrero de 2021 cualquier prestación extraordinaria, análoga a la de cese de actividad para aquellos casos en que se vieron obligados a suspender su actividad o vieron afectados sus negocios por una reducción considerable en la facturación, como consecuencia de las medidas tomadas por la covid-19.
Además, la cuenta receptora de las ayudas estaba a nombre de la empresa para la que trabajó, la titular era la gerente del establecimiento y se pudieron ver reflejadas las transferencias recibidas procedentes de las ayudas a nombre de la denunciante, así como otros datos, meramente de contacto, que la incriminaban directamente en los hechos, según la Policía.
Por lo que respecta a la denunciante, se averiguó que durante esos tres años y medio de trabajo estuvo dada de alta como autónoma, sin su consentimiento ni conocimiento, y que ejercía su función en la empresa que la contrató y la gerente las cuotas de autónomo con el objetivo de ahorrar costes en las cotizaciones de la Seguridad Social, así como evitar otras obligaciones laborales como empleadora, lo que comúnmente se conoce como «falso autónomo».
Conocedora de las ayudas a autónomos en el periodo del covid-19, presuntamente solicitó las ayudas a nombre de la víctima y haciendo uso de su firma digital que consiguió de mala fe al solicitársela para la tramitación del contrato laboral.
Finalmente, la investigación reveló que, de este modo, la jefa de la denunciante al parecer acumuló un montante total de 12.721,80 euros en prestaciones fraudulentas. Así, tras tener los indicios probatorios suficientes, los agentes se desplazaron hasta el lugar donde se encontraba emplazado el establecimiento, que estaba abierto al público con su regente al frente y a la que detuvieron como presunta responsable de los delitos investigados.
Al mismo tiempo, se solicitó a la entidad bancaria donde se habían recibido los abonos de las prestaciones fraudulentas el bloqueo de la cantidad económica obtenida de modo fraudulento. Todo lo instruido fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de Benidorm.
