La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Maite Girau, ha afirmado que el equipo de gobierno está estudiando cómo resolver la situación de Piscina Valencia “de acuerdo con el interés público” y con “la mayor diligencia”. En estos términos se ha pronunciado tras la Comisión de Desarrollo Humano, Educación, Juventud, Deportes y Cultura, en la que el Grupo Popular ha presentado una moción sobre la continuación del procedimiento de contratación de la gestión del servicio público con ejecución de obras de rehabilitación de la zona deportiva de Piscina Valencia.
A este respecto, ha recordado Girau que el PP “nunca apostó por los servicios públicos sino por la gestión indirecta”, y “cometió dejación de funciones en el control” de la instalación. “Hubo una laxitud en la gestión que llevó al deterioro de la piscina y a tener que reclamar más tarde los 300.000 euros de deuda de canon. El anterior gobierno actuó tarde, y la instalación se devolvió en unas condiciones deplorables”, ha recalcado la concejal de Deportes.
Girau ha advertido que el Partido Popular “no es quien marca los tiempos”. Según ha indicado, el equipo de gobierno “resolverá la situación de Piscina Valencia con la mayor diligencia y de acuerdo con el interés de público”.
La concejala ha recordado que la nueva corporación “se encontró en la mesa de contratación la licitación y entendió que había que estudiar todos los contratos que no estuvieran ya en proceso de adjudicación”, tal y como se hizo también con las escuelas infantiles. Ha precisado que, como equipo de gobierno, “se decidió la renuncia a la licitación para proceder al estudio de los pliegos y la fórmula de gestión que procediera”.
La concejala ha señalado que dos de las empresas que concurrieron a la licitación presentaron un recurso al Tribunal Contencioso Administrativo, el cual ha resuelto que “siendo legal la decisión del gobierno local, el razonamiento debería haber sido más motivado”. A partir de esta resolución, ha precisado que se ha abierto un plazo de dos meses para que el Ayuntamiento tome una decisión, aunque ya ha adelantado que se descarta la gestión directa porque “habría que acometer una inversión que ascendería a ocho millones de euros”.
Maite Girau ha detallado que entre las condiciones que recogerán los nuevos pliegos se encuentra “mejorar el mantenimiento, el pago de un canon más razonable y dejar margen a la opción de negocio para que el concurso se resuelva de la mejor manera posible”.
Grau: “Maite Girau ha llevado Piscina Valencia a un callejón sin salida”
El concejal del Grupo Municipal Popular, Cristóbal Grau, ha denunciado esta mañana “el callejón sin salida” en el que la concejala de Deportes, Maite Girau, ha situado el futuro de Piscina Valencia, tras conocerse la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, “y la comprometida situación en la que deja a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento”.
Tal y como figura en la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, “éste ha estimado los recursos presentados por dos empresas por falta de motivación del acuerdo de renuncia a la licitación, y ha solicitado al equipo de gobierno que el órgano de contratación del Ayuntamiento de Valencia continúe el procedimiento acordando la adjudicación del contrato a la oferta económica más ventajosa”.
“El equipo de Gobierno debe revocar cuanto antes el acuerdo del pasado 2 de octubre en el que se renunciaba a la licitación y continuar el procedimiento, y debe hacerlo en las próximas reuniones de la Junta de Gobierno, sin retrasar ni un día más el futuro de Piscina Valencia, y sin perjudicar ni un día más a los usuarios y trabajadores de la instalación”, ha afirmado Cristóbal Grau.
Grau ha querido señalar que la concejal de Deportes advirtió ayer que el PP no era el que marcaba los tiempos, “pero vamos a marcarles el paso siempre que lleven a esta ciudad al borde del precipicio”, ha recalcado, “esto no lo vamos a permitir”.
Tal y como ya denunciamos a comienzos de octubre, “no había informe técnico que justificase la arbitraria decisión adoptada por el Tripartito”, y en este sentido, el Tribunal querido señalar “la ausencia de un razonamiento que justifique la decisión adoptada, y ello no puede justificar la renuncia al contrato pues incurre en arbitrariedad”.
Así mismo ha recalcado que en el informe solicitado al Ayuntamiento de Valencia, tras la presentación de los recursos, para que aportara justificación, “el órgano de contratación no ha fundamentado su renuncia en la desaparición o modificación del interés público cuya satisfacción es lo que justifica el contrato; el único cambio reseñado por el órgano de contratación se refiere a la celebración de elecciones municipales el 24 de mayo de 2015, sin embargo, el cambio de composición de la Junta de Gobierno Local con objetivos y prioridades diferentes, no puede justificar por sí sola la renuncia a la celebración del contrato si no se motiva adecuadamente las razones de interés público que justifican tal decisión”.
El concejal ha señalado que “Maite Girau ha llevado Piscina Valencia a un callejón sin salida, porque ayer rechazó la propuesta del Partido Popular de revocar la renuncia y continuar con el procedimiento como obliga el Tribunal Administrativo Central”, pero además, “no podrá aprobar nuevos pliegos porque la ley determina que sólo podrá renunciarse a la celebración del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, y en este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia”, y el Tribunal Administrativo Central “ya ha señalado que la renuncia no está debidamente justificada ni motivada e incurre en arbitrariedad, y que el órgano de contratación del Ayuntamiento sólo reseña como justificación el cambio de la corporación municipal tras la celebración de las elecciones municipales y ello no justifica la renuncia”.
Además, el Tribunal deja claro que “la legalidad, necesidad y oportunidad de la contratación ya fueron en su día examinadas antes de acudir a la licitación, quedando especificado en los pliegos el objeto y la necesidad de interés público del contrato”.
“La resolución es definitiva en la vía administrativa y establece que el Ayuntamiento debe continuar con la licitación tal y como estaba, y sólo tiene el plazo que establece la Ley para interponer recurso contencioso-administrativo contra esta resolución”, por lo que “no es cierto que se haya abierto un plazo de dos meses para que el Ayuntamiento tome una decisión, sino que está obligado a continuar con el procedimiento, o interponer recurso contra esta resolución ante el contencioso administrativo, que teniendo en cuenta la falta de justificación y arbitrariedad señalada en la resolución, probablemente lo desestimará”.
El concejal popular ha lamentado también “las medias verdades que la concejal de Deportes ha contado desde el comienzo sobre este expediente”. En primer lugar, ha comenzado denunciado que “la renuncia se aprobó por despacho extraordinario, y se ocultó a los medios de comunicación y a los ciudadanos en la rueda de prensa posterior a su aprobación”. Posteriormente, “se vendió como una paralización, cuando se había optado por la renuncia a la licitación, con sus consiguientes efectos jurídicos”. Así mismo, “se afirmó que no conllevaría costes para el Ayuntamiento, y la Ley obliga a compensar a los candidatos por los gastos en los que hubiesen incurrido, y que ascenderán a más de 750.000 euros”. Por otro lado, “la concejal afirmó ayer que el Tribunal había resuelto que siendo legal la decisión del gobierno local, el razonamiento debería haber sido más motivado”, y sin embargo, “el Tribunal no ha señalado que debía estar más motivado, si no que había ausencia absoluta de motivación y ello incurría en arbitrariedad”, ha concluido.
