El Tribunal Supremo ha fijado en 13 años y medio de cárcel la condena a una madre por maltratar a tres de sus cinco hijos menores de edad y por no impedir agresiones y abusos sexuales a la mayor de ellos, que tenía por entonces seis o siete años, por parte de un familiar y una de sus parejas, y las lesiones de grave enfermedad psíquica que los hechos provocaron a esta pequeña. Los niños ingresaron en un centro tutelado en 2010, cuando tenían entre dos y diez años, tras ser declarados en desamparo en 2009.
La Audiencia Provincial de Castellón había condenado a 21 años de cárcel a la progenitora por estos hechos, pena que fue recurrida por la defensa de la mujer ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que la rebajó al apreciar que no se había aplicado la reducción de grado correctamente en la sentencia de primera instancia, que había entendido que en los hechos concurrían las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas y de drogadicción.
Ahora, el fallo del Supremo estima parcialmente un segundo recurso de la madre a la condena por un error en la sentencia del TSJCV, pues en sus fundamentos jurídicos decía que se debía rebajar una de las penas a 7 años (la de las lesiones) pero posteriormente, en la parte dispositiva, por un error mecanográfico, constaba 9, según han informado fuentes del alto tribunal valenciano.
Por tanto, con todo la condena que deberá cumplir la madre es de 13 años de cárcel, que se suman a los seis meses de prisión por maltrato y a las multas impuestas por los delitos de exhibicionismo y exhibición de material pornográfico a los menores, más prohibición de contactar o acercarse a ellos por 2 años y 10 en el caso de la mayor, y al pago de indemnizaciones que oscilan entre los 20.000 y 60.000 euros.
El padre de los menores, que entraba y salía continuamente de prisión en el momento de los hechos, resultó condenado a 6 meses de cárcel por maltrato habitual en el ámbito familiar y al pago de multa por exhibicionismo y exhibición de material pornográfico, con las mismas atenuantes aplicables que en el caso de la madre.
La sala de instancia consideró que en este caso las declaraciones de dos de los hijos víctimas del maltrato eran prueba de cargo suficiente para la condena -la mayor no pudo hacerlo «dada la extrema situación que padece a consecuencia de los hechos y el riesgo vital y emocional que para la misma hubiera supuesto-, unas manifestaciones que se vieron corroboradas por otros testimonios de numerosas personas que trataron a los menores en diversos centros o instituciones.
Según el relato de hechos probados de la sentencia, de la que informó en su día el TSJCV, los dos acusados tuvieron cinco hijos, cuatro chicas y un chico, entre los años 1999 y 2008. Desde el nacimiento ninguno de los progenitores afrontó el menor cuidado de los niños e incumplieron de forma «grave y reiterada» los deberes de la patria potestad.
Así, los indicadores de riesgo apreciados en los menores respondían a alimentación inadecuada, delgadez, ropa no apropiada o en mal estado, retraso en el desarrollo, absentismo escolar o dificultades en las relaciones. De las cinco víctimas, fueron las tres más mayores, dos niñas y un niño, los que se vieron afectados en mayor medida por estas negligencias, debido al tiempo que pasaron con sus padres, frente a las otras dos hermanas, que tenían 2 y 4 años cuando se les declaró en situación de desamparo y su tutela fue asumida por la Administración.
Las conductas se vieron agravadas por las vejaciones reiteradas de la madre hacia sus hijos, a los que infligía malos tratos físicos y psicológicos sin que el padre, que pasaba periodos de tiempo en prisión, les defendiera o los intentara evitar. Así, los tres niños eran agredidos físicamente por la madre, que les golpeaba con palos, cinturones o hierros, les tiraba del pelo y les arrastraba por el suelo. Al niño varón le llegó a poner una cuchara hirviendo en la zona genital en una ocasión.
Ambos progenitores consumían cocaína y heroína a diario delante de los pequeños, quienes además se ocupaban de suministrar a terceros la droga o ir en busca de ella. Según la sentencia, incluso llegaron a consumir estos estupefacientes. Por otro lado, la pareja también mantenía relaciones sexuales delante de los menores y era frecuente que visionara con ellos películas de contenido pornográfico, por lo que el chico comenzó a desarrollar conductas sexuales inapropiadas para su edad.
Cuando el procesado ingresó en prisión, entre 2004 y 2007, la hija mayor, que en ese momento tendría seis o siete años, fue objeto de abusos y agresiones sexuales por parte de un familiar y por una de las parejas que entonces tenía su madre, sin que ella lo impidiera. Esta experiencia ha provocado a esta víctima graves secuelas psicológicas tanto a nivel de salud mental como de desarrollo de su personalidad.
