El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad que presentaron PSOE, Sumar, ERC y Podemos contra la modificación impulsada por el Consell de la Ley de la Huerta de València de 2018.
El mes pasado, representantes de estos grupos parlamentarios, que tienen más de 50 diputados en el Congreso, denunciaron que el decreto, impulsado por el gobierno de Carlos Mazón y aprobado el pasado febrero por PP y Vox en Les Corts, permite construir sobre huerta protegida tras la DANA.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2, 3, 4 y 5, disposición adicional primera y anexos I y II del Decreto-ley 4/2025, de 4 de febrero, del Consell de modificación de la Ley 5/2018 de a Generalitat, de la Huerta de València, y del Decreto 219/2018 por el que se aprueba el Plan de acción territorial de ordenación y dinamización de la Huerta de València, según una resolución del TC del pasado 27 de mayo.
Compromís se congratula de esta decisión al considerar que es «un paso necesario para defender la legalidad, la democracia y el territorio». «No se puede aprobar una reforma de esta magnitud con la excusa de una emergencia, más todavía cuando atenta contra todas las recomendaciones técnicas y científicas para hacer frente a catástrofes como la dana», defiende su portavoz adjunta en Les Corts Paula Espinosa.
«L’Horta de València no es un espacio vacío: es patrimonio vivo, infraestructura natural y memoria colectiva que ejerce unas funciones insustituibles que el gobierno del Botánico supo proteger en atención al interés general», reivindica en un comunicado.
Tras la admisión a trámite del recurso, la coalición valencianista se muestra convencida de que el Constitucional «acabará sentenciando que el decreto del Consell se aprobó de manera inconstitucional, utilizando la figura excepcional del decreto ley sin que concurran las condiciones de extraordinaria y urgente necesidad exigidas por el artículo 86 de la Constitución, tal y como señaló en su informe la propia Abogacía de la Generalitat».
A su juicio, lo más grave es que el decreto «aprovecha la coyuntura de la dana y la pone como excusa para impulsar cambios legislativos estructurales que ya se habían intentado aprobar anteriormente, sin éxito, en la ley de acompañamiento a los presupuestos».
«Utilizar la DANA y la urgencia que se deriva de ella para desmantelar la protección de l’Horta de València, un espacio único reconocido por la FAO y la Unesco, que garantiza la soberanía alimentaria, la resiliencia climática y el patrimonio cultural e identitario de los valencianos y las valencianas, es una temeridad», denuncia.
Compromís ve el decreto como una «vulneración» y una «grave regresión ambiental»: «Se rebajan los niveles de protección de un espacio agrícola sin ningún procedimiento de evaluación ambiental ni argumentación técnica, incumpliendo el principio de no regresión en materia ambiental, vulnerando el artículo 45 de la Constitución. El decreto reduce los niveles de protección de l’Horta, permitiendo la urbanización de más de 3.800 hectáreas de suelo agrícola y obviando su capacidad de actuar como una infraestructura verde clave para la protección ante fenómenos meteorológicos extremos, como la dana».
Todo ello cuando recuerda que, el pasado 29 de octubre, «las zonas agrarias actuaron como zonas de inundación natural, absorbiendo parte del agua y evitando que llegara con más violencia a los cascos urbanos». «Son los campos, y no el hormigón, los que reducen el impacto de las lluvias torrenciales, filtran el agua hacia los acuíferos y frenan el efecto barrancada», recalca.
Tras reivindicar la huerta de Valencia como «patrimonio agrícola, ambiental, cultural e identitario valenciano», Compromís advierte que «convertirla en moneda de cambio con un discurso manipulador para viabilizar intereses urbanísticos es un error histórico que compromete la seguridad, la soberanía alimentaria y la identidad de nuestro territorio».
También rechaza la supresión del Consell de l’Horta prevista en el decreto, que ve como «un ataque directo a la autonomía municipal y la recentralización de competencias, rompiendo con la garantía de la participación de los ayuntamientos y de los sectores implicados en la gestión de este espacio tan valioso, agricultores y sociedad civil».
Y argumenta que el decreto «no solo altera el ordenamiento jurídico aplicable en l’Horta de València de manera sustantiva, sino que lo hace de forma opaca, repentina, incoherente y sin garantías, generando un entorno jurídico incierto y arbitrario», algo que «vulnera el principio de seguridad jurídica que consagra el artículo 9.3 de la Constitución, como ha reiterado el TC en múltiples ocasiones».
