La Unió Llauradora denuncia diversos robos en algunas comunidades de regantes de la Plana Baixa a lo largo de este año con una factura que les sale muy cara al superar la cantidad de 200.000 euros. Solo en una de esas comunidades de regantes afectadas por los robos ya se superan los 80.000 euros en pérdidas causadas.
La cuantía de los daños se eleva porque se roban sobre todo hidrantes y contadores de riego que resultan muy caros. Las comunidades de regantes están desesperadas e impotentes ante este aumento de los hurtos y también los agricultores porque les supone un sobrecoste en el mantenimiento común de la instalación de riego.
Además, se encuentran con el problema de que al tener ya varios siniestros consecutivos las compañías de seguros o bien ponen cada vez más dificultades para asegurar ya que no cubren todos los daños o les encarecen el precio de las pólizas hasta hacerlas prácticamente inasumibles.
También denuncian las dificultades tras presentar las denuncias porque inexplicablemente muchos de los casos se quedan sin resolver ante la alta exigencia de aportación de pruebas. El modus operandi además es sustraer cada vez pocos contadores y volver otro día a por más para evitar ser detenidos, que no sea sancionable o recibir una sanción inferior.
Para cometer esos robos se producen además considerables destrozos en las casetas donde se encuentran los contadores al reventar las puertas para acceder a las instalaciones, así como destrozos en las propias instalaciones del riego por goteo. Una vez dentro se llevan todo lo que encuentran.
LA UNIÓ señala en este sentido que aparte del valor del material robado, ya de por sí importante, el daño está también en los costes de reparación que ascienden siempre a cantidades muy elevadas. En unos momentos donde los ingresos agrícolas son cada vez más bajos, resulta contraproducente tener mayores gastos para poder reparar los daños causados por los robos.
LA UNIÓ solicita mayor vigilancia en las zonas rurales y una efectiva coordinación entre las diversas fuerzas de seguridad del Estado, del Seprona y de las policías locales para evitar que se cometan más robos.
Insiste por tanto en la necesidad de incrementar los presupuestos destinados a la seguridad en el ámbito rural, con las mismas obligaciones que los habitantes de las zonas urbanas, pero también con los mismos derechos. Así, LA UNIÓ propone reforzar los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, particularmente los equipos ROCA, para aumentar la seguridad en el medio rural y combatir los robos en las explotaciones agrarias.
También insta a perseguir el comercio de mercancía robada porque “está claro que si alguien roba es porque alguien se lo compra. Es importante la vigilancia para intimidar, pero también el cumplimiento de la justicia y la persecución de los canales de comercialización ilícitos. Por ello insta a inspeccionar almacenes o chatarrerías sospechosas de comercializar con esos productos robados”, señala LA UNIÓ.
Otra de las demandas de LA UNIÓ pasa por facilitar y agilizar la presentación de denuncias por parte de las personas afectadas, pues en muchas ocasiones desisten de interponerlas ante las dificultades que encuentran.
