Las organizaciones agrarias La Unió Llauradora y AVA-Asaja han cifrado en tres millones de euros los daños provocados por las lluvias registradas este domingo en cultivos de siete comarcas de las provincias de Valencia y Alicante, según una primera valoración de urgencia.
De acuerdo con los datos aportados por La Unió, el episodio de lluvias —acompañado de granizo en algunos puntos— ha afectado a un radio de acción de unas 23.000 hectáreas de cultivo, localizadas principalmente en la Ribera Alta, la Ribera Baixa, l’Horta Sud, la Safor, la Vall d’Albaida y la Costera, en la provincia de Valencia, así como en la Marina Alta, en Alicante.
Los cultivos más perjudicados son los cítricos pendientes de recolección, tanto naranjas como mandarinas, el caqui y las hortalizas, especialmente la patata. En el caso de los cítricos, La Unió señala daños derivados tanto del impacto del pedrisco como del denominado ‘pixat’ y del aguado, como consecuencia del exceso de humedad.
A estos daños directos se sumará el incremento de costes que deberán asumir los agricultores para prevenir la aparición de hongos, ya que será necesario aplicar tratamientos fungicidas una vez finalice este episodio de lluvias. Además, se han producido arrastres de tierras y afecciones en infraestructuras agrarias, especialmente en sistemas de riego.
Impacto desigual del temporal
Las organizaciones agrarias destacan que, en otras zonas no afectadas por inundaciones o pedrisco, las lluvias están resultando beneficiosas, al permitir un ahorro en riegos, la recarga de embalses y acuíferos, la regeneración de pastos y el llenado de balsas para la ganadería extensiva. Asimismo, estos aportes de agua contribuyen a mejorar el calibre de los cítricos y a limpiar los árboles frente a posibles plagas o enfermedades.
No obstante, AVA-Asaja advierte de un impacto añadido derivado del retraso en la recolección por parte de algunos operadores comerciales. Según sus estimaciones, esta situación provocará la pérdida de más de 75.000 toneladas de cítricos, principalmente de la variedad clemenules, con especial incidencia en la provincia de Castellón. El valor económico de esta producción afectada asciende a 28 millones de euros, lo que eleva el cómputo global de pérdidas del mes de diciembre a 31 millones de euros.
AVA-Asaja señala que ya había alertado de incumplimientos de contratos de compraventa, al no acudir algunas empresas a recolectar la fruta en los plazos pactados, lo que ha derivado en problemas de podredumbre y ‘pixat’ tras las reiteradas lluvias de diciembre.
Zonas más castigadas y situación del campo
El temporal ha dejado daños localizados por desbordamientos de cauces, inundaciones de campos y afecciones a infraestructuras agrarias, especialmente en la Ribera Alta, la Ribera Baixa y la Safor. Además, aunque el granizo ha sido de pequeño tamaño en muchos puntos, se han registrado daños importantes en zonas como Simat de la Valldigna, Barxeta y Quatretonda, sin descartarse siniestros en áreas de Torrent, Alginet, Sueca, Picassent y Alcàsser.
Las organizaciones advierten también de que los campos de hortalizas se encuentran en muchos casos impracticables, y que los agricultores deberán asumir sobrecostes por la aplicación de tratamientos para evitar ataques de hongos en los próximos días.
Petición de medidas urgentes
Ante esta situación, ambas organizaciones han reclamado a Agroseguro que agilice las peritaciones en los campos afectados para que las indemnizaciones lleguen cuanto antes a los agricultores.
Asimismo, La Unió solicitará el reparto urgente de productos fungicidas y cicatrizantes, la eliminación de franquicias en los seguros agrarios por daños extraordinarios y la concesión de ayudas directas a las explotaciones afectadas. Entre las medidas propuestas figuran también la condonación del IBI rústico, bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social, ajustes fiscales en el IRPF agrario y la puesta en marcha de líneas de crédito preferenciales.
Por su parte, AVA-Asaja exige a las administraciones competentes un endurecimiento de los controles sobre el cumplimiento de los contratos agrarios y de la ley de la Cadena Alimentaria, con el objetivo de proteger a los productores frente a abusos comerciales.
