El juzgado de lo Penal número 6 de Valencia ha condenado por intrusismo a un individuo que ejerció de podólogo desde al menos 2017 y que deberá pagar una multa de 2.340 euros, en la tercera condena en el último año y medio por casos de intrusismo en el sector, según informa el Colegio Oficial de Podólogos de la Comunitat Valenciana.
El acusado tenía un centro de pedicura-manicura en Ontinyent, en el que asesoraba sobre la salud de los pies, realizaba estudios de la pisada y utilizaba en el desarrollo de su trabajo herramientas punzantes propias de la Podología, según un comunicado del Colegio de Podólogos.
Esta persona prestó supuestamente servicios a varios clientes consistentes en asesoramiento sobre la salud de los pies, consejos para mejorar la marcha, realizó vendajes y estudios de la pisada, además de utilizar instrumental que únicamente corresponde utilizar a los graduados en Podología como son instrumentos punzantes, cortantes y bisturíes.
El fallo, que todavía no es firme, corresponde a una querella interpuesta por el Colegio de Podólogos contra un individuo que ejercía en un establecimiento de Ontinyent y realizaba supuestamente pedicuras y manicuras y también desarrollaba tareas propias de un podólogo sin tener el pertinente título universitario de Podología.
La presidenta del Colegio de Podólogos, Maite García, ha explicado que esta sentencia «es un paso más en la defensa de los derechos de los pacientes. Todavía hay personas que desconocen que pedicura y quiropodia no son lo mismo. El primero es un acto meramente estético y el segundo se trata del cuidado o atención sanitaria de alteraciones de los pies. Esto debe cambiar y, para hacerlo, es necesaria la ayuda de la Conselleria de Sanidad».
«El intrusismo no sólo es una falta de respeto a profesionales sanitarios, sino que es un peligro para la salud de las personas. Además de por desconocimiento, también se da porque las personas con menos recursos no pueden permitirse un podólogo privado se dejan llevar por no profesionales que les cobran mucho menos, eso sí, con una seguridad y conocimientos de la salud de sus pies, nulos», según ha asegurado García.
Desde 2017, el Colegio de Podólogos ha iniciado acciones legales para perseguir la actuación de personas no tituladas que realizan estudios de la pisada o tratan alteraciones en los pies por incurrir en un delito de intrusismo en la profesión, y en el último año y medio se han logrado tres condenas por intrusismo en la Podología, dos de ellas en la localidad de Ontinyent y una en Alfafar.
