Un total de 123 afectados por los seísmos provocados por el proyecto Castor reclaman a la empresa concesionaria ESCAL UGS, S.L (participada mayoritariamente por ACS) y dos de sus directivos, un monto total de 1.845.000 euros, por los daños morales producidos por la ola de pánico generalizado a consecuencia de los 552 seísmos que se detectaron en las poblaciones afectadas.
El despacho de abogados BCV Lex, en representación de la asociación de afectados Aplaca (formada por 123 vecinos de las localidades afectadas), ha solicitado A la Audiencia Provincial de Castellón una indemnización de 15.000 euros para cada uno de los afectados, en el juicio que se iniciará el próximo día 18 de octubre en el Tribunal de Castellón.
«La indemnización se plantea como la forma de resarcir a unos afectados que estuvieron sometidos durante semanas a una situación de pánico general provocada por los seísmos constantes, por conocer que los terremotos estaban provocados por la actividad en la plataforma y por la agitación social provocada durante los hechos», explica Esther Abellán Solesio, abogada del despacho BCV Lex y responsable del caso.
No debemos olvidar que en el periodo entre el 2 de septiembre en que comenzó la tercera fase de inyección en la plataforma Castor y el día 17 de septiembre en que se ordenó su paralización, en la zona se detectaron un total de 552 seísmos de diferentes magnitudes. De todos ellos, quince, según informe del Instituto Geográfico Nacional, afectaron a la población de Vinaroz, así como a las poblaciones cercanas a la misma tanto de la provincia de Castellón como de la provincia de Tarragona, con una intensidad macrosísmica de II y III en la escala macrosísmica europea, «ocasionando en las poblaciones afectadas la consiguiente intranquilidad, angustia, miedo, zozobra, y preocupación por los acontecimientos, habiendo sentido alguno de los movimientos en las horas de descanso nocturno, y generando igualmente una gran incertidumbre al vincularlos a las actividades de inyección realizadas, interfiriendo los acontecimientos en el normal disfrute de su vida y de sus propiedades, ocasionando un grave riesgo tanto a la salud de las personas como a las condiciones naturales del ecosistema (suelo, aire y agua)», según recoge el informe.
Un peligro que se conocía
ACS, a través de la compañía ESCAL UGS, S.L, obtuvo «autorización administrativa y reconocimiento de la utilidad pública de las instalaciones y servicios necesarios para el desarrollo del almacenamiento subterráneo Castor». El objetivo de la citada concesión era desarrollar un almacén subterráneo de gas aprovechando las posibilidades que ofrecía una estructura geológica del antiguo yacimiento petrolífero de Amposta, situado en el subsuelo de las aguas del mar Mediterráneo, a más de 1700 metros de profundidad, y a una distancia de 22 kilómetros de la costa de Vinaroz, contando con una plataforma marítima ubicada sobre el mismo yacimiento, y, unida al mismo, una planta de operaciones ubicada en la localidad Vinaroz, mediante un gaseoducto de 30 pulgadas de diámetro enterrado en el lecho marino, de 30 kilómetros, de los que 22 son submarinos y 8 kilómetros se sitúan en la costa.
Ya en el estudio de impacto ambiental previo al proyecto, el observatorio del Ebro presentó alegaciones en la fase de consultas el día 25 de octubre de 2005, advirtiendo sobre el riesgo de terremotos asociados a las actividades de inyección. Así ocurrió nada más empezar la tercera fase de inyección de gas en el depósito sometiendo a la población a una situación de pánico continuado durante todo el periodo.
