El que fuera conseller de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana entre los años 2007 y 2011, Rafael Blasco, se enfrenta a partir de este miércoles, 3 de marzo, a la vista por la pieza separada 5ª de, llamado Caso Cooperación, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de València.
El exconseller popular será juzgado junto a la entonces secretaria general administrativa, Agustina Sanjuán, y al entonces jefe de servicio de Informática de la Consellería, Javier Murcia, así como al empresario Augusto César Tauroni, por presuntas irregularidades en la adjudicación de ocho contratos para servicios informáticos.
La Fiscalía cifra en 289.363 euros el perjuicio ocasionado a las arcas públicas autonómicas. El Ministerio Público solicita provisionalmente para el exconseller dos años y ocho meses de cárcel y una multa de 400.000 euros por un delito continuado de tráfico de influencias en concurso con delitos continuados de prevaricación y fraude a la Administración.
Para Agustina Sanjuan, por los mismos delitos, la Fiscalía reclama dos años de cárcel y 300.000 euros de multa, mientras que pide para el que fuera jefe de Informática de de la Conselleria un año y medio de prisión y 300.000 euros de multa, por un delito continuado de prevaricación.
Por último, la Fiscalía solicita dos años y seis meses de cárcel y multa de 400.000 euros por delito continuado de fraude a la Administración para el cuarto acusado, el empresario presuntamente beneficiado por las adjudicaciones de los contratos.
La Coordinadora Valenciana de ONGD pide 18 años para los acusados
Desde la Coordinadora Valenciana de ONGD solicitan para los acusados un total de 18 años de prisión, 1.050.000 euros de multa y el pago solidario en concepto de responsabilidad civil subsidiaria de más de 260.000 euros.
La Coordinadora recuerda que los siete contratos presuntamente amañados eran para el desarrollo del Portal del Inmigrante, Portal de la Ciudadanía, herramientas de participación ciudadana y para el control telemático de la gestión de las escuelas de acogida, entre otros, y se adjudicaron en los años 2008 y 2011 mediante el procedimiento de contratación centralizada a las empresas Fujitsu, Indra sistemas, Ibermática y Comteldat, pero terminaron siendo subcontratados supuestamente a las sociedades del empresario Augusto César Tauroni, cabecilla de la trama corrupta junto a Rafael Blasco. Al parecer, las empresas interpuestas recibían una comisión de alrededor del 7% del total del contrato.
Por estos supuestos hechos, la Coordinadora solicita tanto para Blasco como para la entonces secretaria general de la Consellería, Agustina Sanjuán, 5 años de prisión, 350.000 euros de multa y 16 años de inhabilitación para empleo y cargo público por los delitos de prevaricación, fraude a la Administración y tráfico de influencias. Pide las mismas penas de prisión y multa para Tauroni, pero en su caso se solicita la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas o contratos públicos. Por su parte, para el que fuera jefe de servicio de Informática de la Consellería, Javier Murcia, se solicitan 3 años de prisión y 10 de inhabilitación para empleo o cargo público por los delitos de prevaricación y fraude a la Administración.
La Coordinadora recuerda que éste no es un caso de corrupción más. “Ha sido una de las tramas más indignas y repugnantes a las que nos hemos enfrentado en los últimos años. Se aprovecharon del sufrimiento de miles de personas empobrecidas para enriquecerse personalmente. Las ONGD llevamos diez años luchando por que se haga justicia, para defender la dignidad de la cooperación y para lograr la devolución de los fondos defraudados. Vamos a seguir haciéndolo en este juicio”, ha añadido Lourdes Mirón, presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD.
