El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, se ha reunido este mediodía con colectivos de madres, padres y profesores de la escuela pública y concertada, quienes le han trasladado su rechazo en bloque a la Ley de Plurilingüismo de la Generalitat Valenciana por considerar que coarta la libertad de los progenitores a elegir la educación de sus hijos y del profesorado a la hora de decidir sus propuestas educativas.
Tras el encuentro, que se ha prolongado durante una hora, Mazón ha recogido las demandas de los distintos responsables de confederaciones y asociaciones de padres y madres de la provincia, a los que ha mostrado el apoyo de la institución, y ha insistido en que no es la primera vez «en la que hemos plantado la bandera de la libertad frente a la imposición desde la Diputación de Alicante».
Según Mazón, lo que ha sucedido es que, aprovechando la pandemia, «como si de una trampa se tratara, se están activando los mecanismos de imposición lingüística por parte de la Generalitat Valenciana, copiando absolutamente el modelo de inmersión catalán que todos sabemos a lo que ha conducido».
En esta línea, ha tildado al Gobierno de Ximo Puig de «nacionalista, al margen también del tic comunista de incluir el nivel de la imposición», y ha insistido en que es imposible que en una comunidad como la valenciana «se quiera hablar de políticas inclusivas cuando lo que se está es excluyendo a gran parte del territorio».
«Es imposible que se diga que se quiere al valenciano, cuando la mejor manera de quererlo y promocionarlo es en libertad, pero la peor manera de quererlo y apreciarlo es imponerlo. No tienen ningún sentido estos planes trampa, teniendo en cuenta que más del 70 por ciento de los centros de la Vega Baja han votado en contra de esta imposición», ha recordado Mazón, quien ha mostrado «todo nuestro apoyo en la defensa de la libertad, porque nadie puede decirnos cómo educar a nuestros hijos y quien lo haga está en contra de la libertad».
El presidente ha asegurado que «no podemos perder ese espacio. Nuestro reconocimiento a los padres, a las madres, a los centros y a los profesores, que también están siendo víctimas de esta imposición y de esta trampa que se está utilizando de manera tapada con esta pandemia para perder nuestros derechos».
Finalmente, Mazón ha advertido que están a la espera de que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, responda a estos colectivos en su petición clara de inmediata paralización de esta ley, una solicitud a la que, según el responsable alicantino, «ha dado la callada por respuesta».
«Es el momento de reivindicar, de perder el miedo, de defender la libertad y el futuro de nuestros hijos e hijas. Esta convicción de que solo imponiendo se consigue avanzar es el gran error y, probablemente, sea el último error de la Generalitat Valenciana», ha sostenido.
En el encuentro han participado la presidenta de COVAPA -Confederación Valenciana de Padres-, Sonia Terrero, el presidente de CONCAPA -Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos-, Javier Rubio, el profesor y miembro de la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística, Miguel Ángel Robles, y la presidenta de CECE Alicante -Confederación Española de Centros de Educación-, Marisa Artiaga.
Las valoraciones de los colectivos, finalizada la sesión de trabajo, se han concretado en solicitar el apoyo de la Diputación de Alicante para frenar la imposición de la Ley 4/2018. Al respecto, Sonia Terrero ha insistido en reclamar y reivindicar «la libertad por el derecho que debemos tener las familias para elegir la lengua vehicular en la que estudien nuestros hijos», al tiempo que ha puntualizado que «estamos cansados del adoctrinamiento en las aulas y de las imposiciones. No estamos en contra y queremos la lengua y la cultura valenciana para nuestros hijos, pero siempre y cuando no les afecte a sus estudios ni les aboque a un fracaso escolar».
«Para defender una lengua no hace falta denostar a otra. Por lo tanto, exigimos la derogación de esta Ley 4/2018 y que se haga una consensuada por todos y para todos, adaptada a las necesidades de cada centro educativo. Seguiremos trabajando para que el próximo curso no se lleve a cabo la implantación de la misma», ha concluido.
Por su parte, Miguel Ángel Robles ha aclarado que se han constituido ante la necesidad de «dar respuesta a las políticas claramente nacionalistas del gobierno de Ximo Puig y hemos venido a la Diputación con la esperanza de que nos vuelvan a ayudar como ocurrió en 2017».
«Todas las órdenes que hemos recibido para la implantación de los planes, con los que estamos en contra, se han hecho de modo verbal, para evitar cualquier tipo de recurso que pueda echar para atrás la ley», ha explicado este profesor, quien ha aclarado que le han pedido al presidente Mazón su apoyo en esa «lucha jurídica, porque tenemos la experiencia de la solvencia de la institución y porque la Diputación representa a todos los alicantinos».
En esta línea se ha expresado Javier Rubio, que ha tildado la ley de imposición «a nuestras familias y a nuestros hijos, sin poder decidir qué tipo de educación queremos. Queremos poder elegir el modelo educativo y esperamos que esta petición sea atendida por la Conselleria de Educación, porque queremos una ley consensuada, al menos por las tres cuartas partes de las Cortes Valencianas».
Finalmente, Marisa Artiaga ha manifestado su desacuerdo con la ley, argumentado que están discriminando y «coartando tanto a los equipos directivos, como a los centros y a las familias, a poder elegir la lengua que queremos para nuestros hijos y la educación, que es lo importante. Queremos estar todos unidos, educación pública, educación privada, asociaciones y colectivos por un mismo objetivo, el de tener libertad como ciudadano, como familia y como institución para poder optar a la educación que queremos para nuestros hijos, porque esto implica a toda la sociedad».
