La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha sido condenada por el Juzgado de lo Social nº 5 de Alicante a pagar a los médicos indemnizaciones de entre 5.000 y 49.000 euros por la falta de elementos de protección a la que se vieron sometidos durante la primera ola de la pandemia de coronavirus.
El juzgado ha fallado a favor del Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM-CV) al considerar que la Conselleria de Sanitat tiene la obligación de adoptar medidas y medios de protección «tanto colectivos como individuales» conforme a lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Por otra parte, señala que el incumplimiento de esta obligación ha comportado un grave riesgo para la seguridad y la salud de los facultativos en particular y de todos los trabajadores sanitarios en general «por su exposición directa al riesgo de contagio».
Según el fallo del tribunal, contra el que cabe recurso, Sanitat infringió la obligación de tomar medidas «desde el conocimiento que se tenía de la existencia de una pandemia de COVID-19 y, especialmente, desde la declaración del estado de alarma» el 14 de marzo de 2020.
Según la sentencia, durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020, el personal sanitario de los centros médicos de Alicante, entre los que se encontraban los 154 trabajadores demandantes, solo dispuso de una mascarilla por semana para la prestación de sus servicios, ya que las que había se encontraban guardadas bajo llave por los responsables del respectivo centro. Por otra parte, se vieron obligados a reutilizar batas desechables y no se les facilitó gorros sanitarios ni pantallas por estimar que no eran necesarios hasta que a partir de junio de 2020 se fueron solventando los problemas de abastecimiento.
La sentencia establece distintas indemnizaciones por daños y perjuicios personales y morales a las que tienen derecho los facultativos: 5.000 euros para cada uno de los trabajadores que fueron forzados a trabajar sin elementos de protección adecuados, 15.000 euros para cada uno de los trabajadores que fueron objeto de aislamiento por contacto con afectados de covid-19; 35.000 euros para cada uno de los que se contagiaron pero no precisaron ingreso hospitalario; y 49.180 euros para cada uno de los trabajadores contagiados de covid-19 que tuvieron que ser hospitalizados.
También condena a Sanitat a adoptar de forma inexcusable las medidas de protección, evaluados los riesgos y puestos de trabajo por los servicios de protección que corresponda, y a dotar al personal sanitario de medios de transporte y protección individual suficientes, como gel hidroalcohólico, batas impermeables, mascarillas FPP2, FPP3, gafas de protección, calzas específicas, guantes, etc.
