La Guardia Civil de Alicante, en el marco de una operación a la que se ha dado en denominar Savita, ha detenido a dos personas e investigado a otras tres por la presunta comisión de desalojos irregulares en viviendas por parte de una empresa de seguridad. Estos ‘desahucios exprés’ atendían al mismo procedimiento en las provincias de Alicante, Santa Cruz de Tenerife y Valencia.
El Área de Investigación de La Vila Joiosa con la colaboración de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Barcelona, el Área de Investigación del Puesto de la Guardia Civil de Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife) y el Área de Investigación del Puesto de la Guardia Civil de Arroyomolinos (Madrid) se hizo cargo de las averiguaciones en agosto de 2021 tras tener conocimiento de que en una vivienda de la localidad de la Marina Baixa se había instalado una puerta ‘antiokupa’ a una persona que tenía un contrato de renta antigua.
Los agentes supieron que entre la inquilina y el propietario de la vivienda existía un conflicto motivado por la vigencia de dicho contrato. Al parecer, la legítima moradora, al llegar a su domicilio se encontró con una puerta instalada especialmente para evitar las ocupaciones ilegales. Las primeras indagaciones relacionaron estos hechos con una empresa de seguridad especializada en el desalojo de viviendas ocupadas ilegalmente.
Según la manifestación del propietario del inmueble, contrató a una empresa mediadora en desalojos pero que, al llegar al domicilio encontró a persona distinta de la inquilina. Esta mujer, afirmó que la moradora presuntamente le había vendido las llaves de la vivienda diciéndole que era propiedad del banco.
El propietario, tras demostrarle que era el titular de la vivienda, firmó un contrato privado en el que la presunta okupa accedía de manera voluntaria al abandono del inmueble.
Una misma mujer vinculada a otras ocupaciones ilegales
De las investigaciones llevadas a cabo se observaron similitudes entre este hecho ocurrido en La Vila Joiosa y otro de Orotava (Santa Cruz de Tenerife), ocurrido en junio de 2021. En esta ocasión, entre la propietaria de la vivienda y la presunta okupa, que era la misma que en el inmueble de la localidad alicantina, también existía un documento privado que acordaba el abandono voluntario y exprés del inmueble.
Lo que hizo saltar las alarmas de la Guardia Civil es que el formato del documento firmado entre particulares coincidía con el de La Vila Joiosa y el nombre de la presunta okupa aparecía editado a ordenador; dato llamativo teniendo en cuenta que supuestamente se desconocía la identidad de la persona que había ocupado el inmueble.
Idéntica situación se produjo en una vivienda de Sagunto, en el que el allanamiento fue realizado por la misma mujer que formaba parte de las anteriores actuaciones objeto de la investigación.
Mismo modus operandi
La investigación policial concluyó que en los tres casos el modo de proceder era coincidente. En el desalojo de las tres viviendas se simulaba una falsa ocupación, valiéndose de la misma persona que a su vez, fingía un engaño por parte de los moradores, quienes presuntamente le vendían las llaves de la vivienda.
Con la connivencia de los propietarios, la empresa mediadora realizaba vigilancias de los inmuebles al objeto de aprovechar la ausencia de los inquilinos. Al no encontrarse estos en la vivienda, la empresa accedía al interior y procedía a la falsa ocupación y posterior desalojo, dejando constancia de lo sucedido mediante la firma de un supuesto acuerdo entre particulares.
Dos detenidos y tres investigados
La operación se ha saldado con la detención de dos personas y la investigación de otras tres.
El 21 de febrero, en Arroyomolinos, se procedió a la detención de la mujer de 30 años y nacionalidad española que presuntamente ocupaba las viviendas. A la misma se le imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, coacciones, denuncia falsa y contra la inviolabilidad del domicilio.
El mismo día, se procedió a la investigación de la propietaria de la vivienda de Tenerife, una mujer española de 37 años a la que se le imputa un delito contra la inviolabilidad del domicilio y otro de coacciones.
Asimismo, se procedió a la investigación del propietario de la vivienda de La Vila Joiosa, un español de 69 años, al que se le imputa el delito de denuncia falsa, contra la inviolabilidad del domicilio y coacciones.
El 22 de febrero, en la localidad de Arroyomolinos, se procedió a investigar a un trabajador de la empresa especializada en desalojos, un hombre español de 37 años al que se le imputa el delito de pertenencia a grupo criminal, coacciones y contra la inviolabilidad del domicilio.
Finalmente, el 23 de febrero, se procedió a la detención en Barcelona del dueño de la empresa investigada, tratándose de un hombre español de 36 años, al que se le imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, coacciones y allanamiento de morada.
Ambas personas detenidas fueron puestas en libertad tras la toma de declaración en sede policial. Asimismo, las diligencias por los hechos investigados fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción nº1 de La Vila Joiosa.
