por la deuda del Consell. / JORDI VICENT
Algunos miembros de centros de una decena de centros de atención a personas con discapacidad intelectual de Valencia, están encerrados en la sede del Centro Ocupacional la Torre en un acto de protesta y reivindicación que simultáneamente se está desarrollando también en centros de Alicante y Castellón
Este encierro se mantiene desde este miércoles y hasta el próximo sábado un encierro en protesta por los impagos del Consell, que les adeuda alrededor de tres millones de euros. Según ha explicado Ana García, portavoz del grupo de encerrados, además de trabajadores de los centros participan en la protesta familiares, personas con discapacidad mental y representantes tanto de las plataformas como de la mesa por la discapacidad.
Personas con discapacidad, familiares, profesionales y directivos reclaman el pago inmediato de la deuda que las distintas Consellerías tienen contraída con ellos y que les está llevando prácticamente al colapso, a no poder pagar a proveedores, ni poder pagar nóminas, ni realizar actividades programadas para los usuarios y que está poniendo en peligro su supervivencia.
Cerca de una veintena de personas ha pasado la noche en el centro ocupacional y el encierro se mantendrá hasta mediodía del próximo sábado, ya que confían en que el pago del dinero que les adeudan, el 60% de la ayuda anual que reciben, “no se dilate más de la semana que viene”.Aunque se sigue ofreciendo atención a los cerca de 500 discapacitados mentales que acuden a estos centros, los trabajadores llevan ya sin cobrar cinco meses y tampoco se puede pagar a los proveedores ni a la Seguridad Social. “La situación es insostenible”, ha asegurado García. “A fecha de 26 de julio no hemos recibido ni un solo euro y esta situación ha hecho que estemos colapsados a nivel económico”, ha añadido.
Durante el encierro que se alargará hasta el sábado, hay previstas actividades y visitas de organizaciones políticas, sociales y económicas de la ciudad que quieren solidarizarse y apoyar a “los encerrados”. Concretamente esta mañana han pasado por el centro de la Torre, Consol Castillo y Joan Mansanet, del grupo Compromis en el Ayuntamiento de Valencia y también lo harán del grupo de Esquerra Unida y Ximo Puig del PSPV.
En las distintas Asambleas que se llevan a cabo se reflexiona y opina sobre la situación por la que está pasando el sector de la discapacidad. Esta noche hay programada una “Cena solidaria” abierta a todo el mundo y mañana Viernes a las 11.00 horas un grupo de personas con discapacidad, familiares y profesionales de los “Encerrados” en la Torre, saldrán a la playa de la Malvarrosa para informar a la sociedad sobre su situación y hacer visible su malestar
“Ya no nos quedaba otra que plantarnos ante la puerta de la consejería”. Los impagos de la Generalitat asfixian también a otras entidades que atienden a personas con discapacidad o necesitadas de tratamientos especializados, como es el caso de la Fundación Mira’m, dedicada a la terapia para niños con autismo. Trabajadores y padres y madres de los niños se han manifestado esta mañana ante la sede de Sanidad en Valencia para exigir el pago de la deuda de unos 250.000 euros acumulada desde el año pasado con Mira’m, según datos de la entidad, que atiende a los niños de unas 170 familias.
“Hemos hecho lo posible por solucionarlo y hemos tenido muchas reuniones con la consejería, pero no hay un compromiso real de pago”, ha explicado Rebeca Montes, terapeuta y representante de los 24 trabajadores de los dos centros de la fundación en Valencia y Gandia.
La fundación ofrece servicios de apoyo familiar, formación y asesoramiento, diagnóstico y tratamiento individualizado, así como escolarización de niños autistas. Mira’m depende de la financiación de la Consejería de Sanidad para dar terapia a niños autistas, y el impago de la aportación asignada ha puesto al centro en una situación muy difícil. “La fundación no puede seguir financiando el tratamiento, pero los niños no pueden prescindir de esta intervención”, ha señalado Montes.
Padres como Carlos Suárez, con un hijo menor de tres años con autismo, temen el cierre del centro de Mira’m: “Sin la ayuda oficial no es asumible, las familias no podemos afrontar el pago”.
Sanidad, preguntada por la situación de la deuda con la fundación, confirma que ha mantenido varias reuniones con los responsables de Mira’m, y asegura que ha acordado el abono “en un breve plazo de tiempo” que no especifica de las anualidades correspondientes a 2011 y 2012. Con ese pago, que no tiene fecha, la consejería afirma que “garantiza que se continuará prestando el servicio a los niños que padecen espectro autista”. Sanidad anuncia también que regulará la prestación de este servicio “a través de un concurso público para concertarlo e incluirlo en la cartera de servicios sanitarios prestados a los ciudadanos” de la Comunidad Valenciana.
Denuncia
En relación con los impagos de servicios sociales, entidades que forman parte del comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI-CV) han presentado en Sanidad entre 60 y 70 reclamaciones por el impago de las subvenciones de 2010 y 2011, que suman cerca de 900.000 euros.
Según fuentes del CERMI-CV, entidad que representa a 250 asociaciones agrupadas en 14 federaciones, tras la presentación hoy de las reclamaciones se abre un plazo de tres meses para que la consejería conteste y si no lo hace se podrá interponer un recurso contencioso-administrativo.
El coordinador de la Comisión de Sanidad del CERMI-CV, Luis Vañó, ha asegurado que más del 80% del tejido asociativo de esta entidad no pudo acogerse al mecanismo de financiación para el pago de a los proveedores.
“Nosotros no somos proveedores, sino prestadores de servicios y facturamos y justificamos con esas facturas las subvenciones que se nos conceden, pero no tenemos el rango de proveedores hacia la Administración”, ha precisado. Según Vañó, al no haber podido acogernos a esa línea de pago, no tienen otra salida que interponer reclamaciones previas sobre el impago de dichas subvenciones, como antesala legal a la presentación de recursos judiciales.
VLC Ciudad / Noticias Valencia
COMUNICADO MESA POR LA DISCAPACIDAD
Desde hace muchos años las organizaciones de la discapacidad venimos desarrollando la función de prestar atención y apoyo a las personas con discapacidad para mejorar la calidad de sus vidas y de sus familias. Nos mueve la consecución real de los derechos de las personas con discapacidad como ciudadanas y ciudadanos que son.
Somos entidades sin ánimo de lucro que gestionamos los centros y ofrecemos servicios y programas. Nuestra financiación depende, en su mayor parte, de los conciertos y las subvenciones que recibimos anualmente de la Generalitat Valenciana y de otras administraciones locales; pero también de los recursos económicos privados que cada entidad consigue de familias, socios colaboradores y fundaciones sociales diversas.
La Generalitat nos adeuda gran cantidad de millones que han puesto a la inmensa mayoría de entidades al borde del colapso. El incumplimiento por parte de las Consellerias de Educación, Empleo y Bienestar Social de la financiación comprometida con las entidades ha obligado a éstas a un mayor endeudamiento por las pólizas de crédito firmadas y agotadas. Esta situación se agrava además por los recargos que deberemos pagar al haber aplazado las cotizaciones a la Seguridad Social, el IRPF y los intereses de nuevos préstamos que muchas veces ya no nos dan. Todo esto nos ha conducido a deber a nuestros trabajadores varias nóminas, a no poder prestar todos los servicios para las personas con discapacidad, a deber a proveedores e incluso a vernos en puertas de tener que cerrar los centros de atención a personas con discapacidad.
Ante esta situación, las personas con discapacidad y sus familias, los profesionales y voluntarios, los dirigentes y la sociedad que nos acompaña, declaramos:
– Que las dificultades no son nuevas para nosotros: nos hemos enfrentado a ellas, y las hemos superado, desde nuestro nacimiento y seguiremos haciéndolo.
– Que las personas y las organizaciones que formamos el sector de la discapacidad somos las primeras que estamos arrimando el hombro en esta crisis, poniendo un esfuerzo extra, sacrificándonos para que no afecte a nuestra gente, y para cumplir con una responsabilidad que corresponde en última instancia al Estado, y que éste nos ha derivado.
– Que vamos a permanecer unidos en estas circunstancias de extrema dificultad.
– Que vamos a decir, alto y claro, que los recortes e impagos suponen una flagrante vulneración de derechos reconocidos en la Constitución Española y en la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad.
– Que lo que reclamamos, no es sólo dinero: es una cuestión de derechos, de inclusión social, de igualdad de oportunidades… En definitiva, de ciudadanía para nosotros y para el resto de colectivos en riesgo de exclusión con los que nos solidarizamos.
– Que no estamos dispuestos a abandonar esta lucha: corremos el riesgo de retroceder décadas, de acabar con todo lo conseguido tras vidas enteras de lucha y esfuerzo, y volver a ser ciudadanos de segunda. Que tenemos millones de razones para luchar. No vamos a permanecer impasibles mientras una sola persona con discapacidad se encuentre en una situación que le aboque a la marginación o a la pobreza.
– Que nuestra reivindicación es tarea de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, porque la sociedad que queremos es una sociedad de personas, una sociedad más justa y solidaria para todas ellas. Por todo ello, hacemos un llamamiento a los ciudadanos y ciudadanas para que se unan a nuestra lucha.
No podemos aguantar más la situación de impago de la Generalitat y exigimos:
– El pago inmediato a todos los centros y servicios del sector de la Discapacidad por parte de todas las Consellerias que nos adeudan, Bienestar Social, Sanidad, Educación, Empleo…
– Un plan extraordinario por parte de la Generalitat Valenciana para financiar a nuestras entidades, que con calidad, transparencia, austeridad y exigencia científica prestan y desarrollan una función social.
– Respeto y dignidad para cada persona con discapacidad.
– El cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Generalitat, así como las leyes y órdenes que le competen.
– Y por supuesto una planificación y garantías de futuro para el sector de la discapacidad compuesto por personas, ciudadanas de pleno derecho.
– No podemos rebajar los actuales estándares de calidad en la prestación de servicios, traducidos en ratios de personal y módulos económicos, pues de lo contrarios no sería posible cubrir las necesidades que las personas a la que atendemos presentan, produciéndose no solo una falta de avance, sino un doloroso retroceso, reflejo de la grave injusticia que supondría no garantizar estos apoyos.
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