La Diputación de Alicante elaborará, a petición de la Comisión Provincial del Agua, estudios de carácter técnico para evaluar con profundidad los impactos de la planificación hidrológica en la provincia. Estos informes, además, servirán de base para los recursos contencioso-administrativos que se podrían interponer en un futuro contra aquellas decisiones que, como el incremento de los caudales ecológicos del Tajo, perjudiquen los intereses del territorio.
Así se ha acordado esta mañana en la reunión de la Mesa del Agua en la que el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha defendido que «frente a los recortes caprichosos del Tajo Segura que se han ido adoptando por parte del Gobierno central en estos últimos años, desde la provincia de Alicante se trabaja con rigor para poner encima de la mesa criterios técnicos que avalan, con datos, los perjuicios y el impacto negativo, tanto ambiental como socioeconómico, que estas decisiones tienen para la provincia de Alicante».
El aumento de los caudales ecológicos, que en la práctica invalidan el trasvase Tajo-Segura, o las modificaciones respecto a los acuerdos previamente adoptados para el trasvase Júcar-Vinalopó, que queda ahora a sobrante de la cuenca y con un régimen económico no viable, son algunas de las cuestiones que se abordarán en estos informes técnicos en los que se analizará con detalle y máximo rigor el impacto de estas medidas en el sudeste español.
Un grupo de trabajo, en el marco de la Comisión Provincia del Agua, se encargará de elaborar esta documentación, que también se utilizará para defender la posición de la provincia en el diálogo que se pueda establecer con las Confederaciones Hidrográficas y con el Ministerio de Transición Ecológica.
La vicepresidenta segunda y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha explicado al término de la reunión que este acuerdo será remitido a todos los miembros de la mesa del agua que no han asistido a la sesión de hoy, como es el caso de la Generalitat Valenciana.
Asimismo, en el apartado de Ruegos y Preguntas se ha acordado también elevar a la Generalitat una petición para que informe a la Comisión Provincial del Agua sobre el estado de tramitación del recurso que la administración autonómica valenciana presentó contra el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros por el que se modificaban las normas de explotación del Tajo-Segura, reduciendo de 38 a 27 hm3 la cantidad trasvasable en el Nivel 2. El objetivo de esta petición es también conocer los argumentos utilizados por la Generalitat en este recurso «para saber qué línea de defensa se ha seguido y, de esta forma, poder coordinarnos mejor», ha indicado Serna.
