Nadie sabía nada, nadie decidía nada. Es la conclusión a la que se puede llegar tras las declaraciones de los acusados en el caso Alquería Ricard Gallego, Jorge Cuerda, Manuel Reguart y Xavier Simón este martes. Todos ellos han negado en la cuarta sesión del juicio haber tenido capacidad de decisión en las contrataciones dobjeto de investigación en este caso.
Los acusados en el caso Alquería Ricard Gallego, Jorge Cuerda, Manuel Reguart y Xavier Simón han negado tener responsabilidad y capacidad de decisión en la contratación de altos cargos en Divalterra durante sus declaraciones en la cuarta sesión del juicio que se sigue en la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia en el llamado caso Alquería, y en la que se han limitado a responder a las preguntas de sus defensas.
El primero en declarar ha sido Ricard Gallego, jefe de gabinete del expresidente de la Diputación y actual alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, también acusado y con quien sigue ostentando ese mismo cargo en la Alcaldía de la localidad de la Vall d’Albaida.
Gallego se enfrenta en este caso a 8 años de prisión y 20 de inhabilitación por cooperación necesaria, pero este martes ha negado su responsabilidad en las contrataciones por carecer de la formación jurídica necesaria -es licenciado en comunicación audiovisual- y ha explicado que su ámbito de actuación se circunscribía a las relaciones con los medios de comunicación, diseñar la comunicación institucional, llevar el protocolo de los actos públicos y la agenda del propio Rodríguez.
Gallego ha insistido en que Divalterra «tenía sus propios asesores jurídicos y económicos» y que él se centraba en potenciar en los medios la imagen de la Diputación, seriamente deteriorada tras saltar a la opinión pública el caso Taula y que «nunca» participó en las decisiones adoptadas ni siquiera estuvo presente en noviembre de 2016 en las reuniones en las que se trató sobre la contratación.
Además, ha explicado que el consejo de dirección se creó a semejanza del que se había instaurado en la misma Diputación para «llevar los temas más consensuados al pleno», pero que «no era un consejo político», ha afirmado.
Ha exculpado de toda responsabilidad a Rodríguez en su declaración al asegurar que Presidencia no sabía que había informes que cuestionaban la contratación de altos directivos hasta abril de 2018″ ya que «pensábamos que Divalterra contaba con un cuerpo jurídico de prestigio» y «no nos pareció que tuviera ningún tipo de credibilidad», ha explicado, para acabar señalando que tanto el presidente como la vicepresidenta «no hacían nada más que lo que nos recomendaban los técnicos».
El letrado-asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, que se enfrenta a una petición de seis años por falsedad, malversación y prevaricación por parte de la Fiscalía, ha sido el segundo en declarar y ha explicado que reingresó en la Diputación en 2016 y no fue hasta un año después cuando fue nombrado secretario, por lo que afirma que no pudo intervenir en las contrataciones de 2015.
Sobre su función en Divalterra, Cuerda ha explicado que consistía en que ninguno de los acuerdos del consejo de administración arrojaran la más mínima duda sobre su legalidad, pero que carecía de potestad alguna de gestionar. «Nuestra misión era únicamente asesorar legalmente no dirigir absolutamente nada», ha insistido en varias ocasiones.
Cuerda, que ha asegurado no haberse afiliado nunca a ningún partido político, ha señalado que cuando fue designado secretario del consejo de administración en noviembre de 2017 «tampoco tenía voz ni voto porque sus funciones eran las de asesoramiento legal».
Del mismo modo, ha señalado que él no apoyó ningún nombramiento de ningún área y ha aclarado que solo firmó un informe en febrero de 2018 en el que se detallaba los requisitos que establece la jurisprudencia para ser alto directivo y los motivos por los que podía hacerse una contratación directa, aunque también concluía que se podía optar por procesos de selección sometidos a los principios de empleo público. Cuerda ha señalado que desconocía los informes desfavorables cuando redactó el suyo.
Asimismo, ha considerado «una barbaridad» mantener, como apunta la Udef y Fiscalía, que el consejo de dirección usurpaba las funciones del consejo de administración: «En esas reuniones se hablaba de todo, pero era imposible que se acordara nada porque eran asesores políticos, porque el único que podía fijar el orden del día del consejo de administración era el presidente del consejo de administración y presidente de Divalterra».
Por su parte, el asesor Manuel Reguart, para el que la Fiscalía pide 8 años de prisión y 20 de inhabilitación, ha manifestado también que carecía de la formación jurídica necesaria para participar en ninguna decisión sobre las contrataciones hasta el punto de que ha asegurado que creía que esa terminología era «un sinónimo de directivo».
Reguart ha recalcado que no conocía a ninguna de las personas contratadas en 2015, que no participó en la selección de candidatos, ni aportó ningún currículum y que en las conservaciones por whatsapp intervenidas él siempre hablaba de perfiles, de capacitación y de experiencias, no de nombres.
Ha cerrado la sesión la declaración del gerente de Divalterra, Xavier Simón, para el que se piden seis años por falsedad, malversación y prevaricación. Simón ha señalado que dado que se incorporó al cargo en noviembre de 2017, tampoco pudo tener participación alguna en la contratación de altos cargos de 2015 y ha asegurado que «jamás se presionó a nadie». Ha asegurado que los contratos estaban «bien hechos legalmente» y ha resaltado la labor de los directores de área que «se dejaron la piel».
