– El informe de morosidad del tercer trimestre confirma que no se paga ni un euro por intereses de demora en las 1.299 facturas tramitadas.
– Las inversiones de la institución provincial se están pagando en menos de 22 días de media.
– Barrachina ha remitido una circular a todos los departamentos para que las facturas no pasen más de ocho días ‘en los cajones’
La Diputación de Castellón sigue dando pasos para mejorar su eficiencia en la gestión para, a pesar de ser la administración provincial que paga antes a sus proveedores, reducir aún más el plazo.
Así, el informe de morosidad del tercer trimestre de 2012, del que se dará cuenta en el pleno del próximo martes, confirma que, aunque el plazo legal de pago para 2012 es de 40 días y su incumplimiento es generalizado, en la Diputación de Castellón ya se está pagando en apenas 28,3 días las facturas cuando a final de 2011 pagaba a 48,6 días, lo que supone una reducción del 42% del tiempo empleado en el pago.
“Es un éxito colectivo de todos los trabajadores de la Diputación, su entrega nos ha convertido en una institución ejemplar en el trato con sus proveedores, todos los jefes de servicio, sección y singularmente los departamentos de intervención y tesorería, han demostrado que incluso en las situaciones más comprometidas económicamente nuestra administración provincial puede situarse en niveles de excelencia” afirmó Miguel Barrachina, vicepresidente del área económica de la Diputación Provincial.
Así el esfuerzo de todos los departamentos de la institución provincial ha permitido que se asuman las 1.299 facturas del tercer trimestre del año, por 6.510.000 euros, con un interés de demora cero también entre julio y septiembre después de que ya lo lograsen en el segundo trimestre de 2012.
Esta situación es además consecuencia de las instrucciones emitidas en una circular que el vicepresidente del área Económica, Miguel Barrachina, ha dado para que todos los diputados y responsables administrativos hagan un seguimiento exhaustivo de la trazabilidad de todas las facturas. De esta forma, las inversiones reales ya se están pagando en 21,91 días frente a los 29,56 días de hace un año y los gastos de bienes y servicios en 36,8 días frente a los 65,2 días de hace justo un año. La media de ambos pagos, los gastos corrientes y las inversiones, situados en esos 36 y 21 días respectivamente, da los 28 días de tardaza media de pago entre el momento en el que una factura entra en el ente provincial y esta es ingresada el la cuenta del proveedor.
Un compromiso de calidad: el trámite más largo en solo ocho días
En las instrucciones dadas por escrito por Barrachina el pasado 18 de septiembre, enmarcadas en la filosofía de máxima austeridad y eficacia implantadas por el presidente de la Diputación Javier Moliner, insta a que los gestores de cada área evalúen la conformidad, o no, de la efectiva realización de cada servicio, obra o suministro, y tramiten factura en menos de ocho días hábiles. Una vez verificada la adecuada prestación del servicio, suministro u obra, la factura se remitirá a Intervención para que haga un reconocimiento de obligación en menos de cinco días y se pague también en cinco días hábiles como máximo.
Pero no solo la Diputación de Castellón está haciendo un considerable esfuerzo por pagar a todos sus proveedores en tiempo y forma, también lo están haciendo los organismos autónomos, que en los próximos meses se van a reestructurar para aligerar la carga administrativa y mejorar los servicios que se prestan desde la institución provincial. Así, el Patronato Provincial de Turismo, que es el único que va a mantener su estatus actual, asume sus compromisos en apenas 21 días.
“Gracias a esta eficiencia, Javier Moliner seguirá cobrando al día su nómina. Hay que recordar que es el único cargo público de España que ha vinculado el pago de su sueldo a que haya cobrado hasta el último de nuestros proveedores”, ha recordado Miguel Barrachina.
La morosidad, entendida como el retraso excesivo en el pago de facturas por obras y suministros de bienes y servicios, ha adquirido tal importancia, ante las deudas de las administraciones que arrastraban impagos de 2008, 2009, 2010, y 2011, que el Gobierno arbitró a comienzos de año un plan de pagos de 35.000 millones para evitar que este año cerrasen hasta 100.000 nuevas empresas por la creciente deuda pública. La Diputación de Castellón no tuvo que acogerse a este plan debido a su buena salud financiera y al seguimiento constante para atender todos sus compromisos.
