La Policía Nacional ha desmantelado una compleja organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que captaba a mujeres en Sudamérica con falsas promesas y las obligaba a prostituirse en pisos de Alicante para saldar deudas ficticias de 5.000 euros por el viaje. La operación ha resultado en la detención de cuatro personas —dos hombres y dos mujeres de entre 23 y 56 años— y se prevén más arrestos. Dos de los detenidos ya han pasado a disposición judicial en Alicante.
La investigación reveló que la red engañaba a sus víctimas en sus países de origen, prometiéndoles mejores condiciones de vida y trabajo en España. Sin embargo, una vez llegaban, se les imponía una deuda de 5.000 euros por los gastos de viaje y gestión, una suma inflada que solo podían «saldar» ejerciendo la prostitución de manera forzada y abusiva en pisos de Alicante.
Engaño, deudas y explotación: El modus operandi de la red
La organización proporcionaba los billetes de avión y daban instrucciones detalladas sobre cómo eludir los controles fronterizos en España, llegando incluso a facilitar documentación falsa, como certificados de seguro de viaje y reservas de hotel que eran canceladas una vez las víctimas estaban en el país.
Al llegar a España, las mujeres eran instaladas en «pisos prostíbulo» donde eran fotografiadas y publicitadas para servicios sexuales. La red operaba con una estructura jerarquizada y roles definidos para cada integrante.
Amenazas, vigilancia y «multas»
La principal responsable y líder de la organización era una mujer que se encargaba de la captación, la financiación de los viajes, la provisión de documentación falsa y el traslado de las víctimas. Presuntamente, controlaba a las mujeres, supervisaba los anuncios, recibía los pagos de los clientes y, lo más grave, las amenazaba a ellas y a sus familiares en el país de origen para garantizar el pago de las deudas y evitar fugas.
Otra mujer colaboraba gestionando el piso prostíbulo y el alquiler de habitaciones. Un hombre se encargaba de los traslados, recogiendo a las víctimas y llevándolas a los lugares de explotación. Una cuarta persona, una mujer, gestionaba los servicios sexuales publicitando a las víctimas online y coordinando citas. Finalmente, un quinto varón, pareja de la líder, también amenazaba a las víctimas para que pagaran y actuaba como seguridad de la organización.
La Policía Nacional detalla el caso de una víctima que viajó de Sudamérica a Madrid a principios de abril y, al día siguiente, fue trasladada a Alicante. Allí, fue obligada a ejercer la prostitución en un piso con cámaras de vigilancia. Se le amenazó con retirarle el pasaporte si no «se portaba bien».
A pesar de que el coste real de su traslado fue de aproximadamente mil euros, se le impuso la deuda de 5.000 euros. Solo se le permitía un día libre a la semana y enfrentaba «multas» de 300 euros si causaba «algún problema», además de ser forzada a borrar todas las conversaciones con la líder. La víctima no iba a recibir ningún dinero por sus servicios, destinando la mitad a saldar la deuda y la otra mitad a la líder de la red.
La investigación, que ha permitido la desarticulación de esta red de trata, fue coordinada por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Alicante y de Madrid.
