La magistrada de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, que instruye la causa penal de la DANA, ha citado como testigo para el próximo 19 de septiembre a las 9.30 horas al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.
Así consta en una diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia que, además, cita a declarar, igualmente como testigos, a un oficial jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, el día 10 de septiembre, y un técnico forestal del propio Consorcio el día 3 de octubre. Ambas citaciones también a las 9.30 horas.
Por otro lado, la magistrada, en un auto, ha vuelto a rechazar la declaración como investigada de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en esta ocasión solicitada por el partido Valores que la había pedido tras el informe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil.
La instructora señala que ese documento «no aporta ningún elemento nuevo que permita determinar la atribución de responsabilidad penal» a Bernabé. En primer lugar, porque «había de haberse limitado a una cronología de los fallecimientos en relación con los desbordamientos en ríos, barrancos y presas, no podía efectuar ningún tipo de valoración sobre responsabilidad de los intervinientes en los hechos, negligencia o fallo de los sujetos intervinientes».
Al respecto, recuerda que en un auto del 29 de julio ya se expresó que esto era una valoración «netamente jurisdiccional que no podía trasladarse, y no se hizo en ningún momento a la Policía Judicial». Y en segundo lugar, porque «de lo que son datos objetivos no se puede inferir indicios de responsabilidad penal» respecto de Bernabé.
En esta línea, añade que la acusación particular que formula la petición, cuando se dio traslado de la existencia de indicios de responsabilidad penal en relación con los dos investigados, la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su ex número dos, Emilio Argüeso, hablaba de una situación de «fuerza mayor» que «impidió reaccionar con la eficacia deseable».
Por tanto, la magistrada considera que se trataría para esa acusación de una «figura novedosa» consistente en «un caso de fuerza mayor selectiva», que solo se aplicaría para los investigados pero no para la delegada.
Así, apunta también que esta petición es «una suerte de retorno procesal» y recuerda las anteriores ocasiones en las que se ha desestimado citar como investigada a Bernabé, una decisión que ha avalado cada vez la Audiencia Provincial.
En esta línea, añade que, dejando de lado las argumentaciones de esta parte, «que no se comparten en absoluto respecto de la previsibilidad de la DANA y como se desarrollaron los acontecimientos, o mejor, como no se desarrollaron en absoluto por quien tenía la competencia en la emergencia en el seno del Cecopi», la magistrada ve «evidente» que en la petición de esa acusación «nuevamente se obvia la atribución competencial en materia de protección civil» y lo ya resuelto por la Audiencia.
