La Audiencia Provincial de Castellón ha revocado el sobreseimiento del caso de las multas en zona azul sin pagar del concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castellón, Cristian Ramírez, y ha ordenado reabrir la investigación para esclarecer los hechos, según ha dado a conocer el Grupo Municipal Socialista.
La portavoz socialista, Patricia Puerta, y el edil del PSPV Jorge Ribes, que denunció estos hechos en el pleno de enero de 2024, consideran que este auto judicial «abre un nuevo escenario político que afecta, no solo al concejal de Movilidad, sino también a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien ha defendido continuamente a Ramírez». «Hoy queda claro que no se trataba de un error menor ni de un asunto cerrado, como quiso hacer creer la alcaldesa, sino de unos hechos que requieren una investigación judicial en profundidad», han subrayado.
La Audiencia Provincial estima así el recurso presentado por el Grupo Municipal Socialista y considera que deben practicarse diligencias de investigación para determinar si la prescripción de más de un centenar de sanciones impuestas al vehículo utilizado por el concejal «pudo deberse a un posible delito de tráfico de influencias u otra actuación con relevancia penal», según apunta el auto judicial.
El tribunal subraya así la necesidad de investigar lo ocurrido, teniendo en cuenta además la condición del denunciado como responsable del área de Movilidad y del servicio de la zona ORA.
Cristian Ramírez, concejal en el gobierno de Begoña Carrasco, responsable precisamente del área de Movilidad y del servicio de la zona ORA, acumuló presuntamente, según los datos que aportó en su día el PSPV en su denuncia, un total de 167 multas por aparcar de forma irregular en la zona azul desde enero de 2023 a enero de 2024.
De esas 167 multas, según los socialistas, pagó la sanción en tiempo y forma en las máquinas de la zona azul de 33, por lo que quedaron 134 sin abonar. Tras la denuncia de estos hechos por parte del Partido Socialista en el pleno del 31 de enero de 2024, hace ahora 2 años, «el señor Ramírez, como dijo públicamente el portavoz del PP, Vicent Sales, fue esa misma tarde a pagar un total de 29 multas, de las que 20 correspondían a los años 2019, 2020, 2021 y 2022 y nueve a 2023, «ya cuando Ramírez ejercía las funciones de concejal», ha recordado Puerta.
Prescripción
«Ramírez negó tener más multas, pero si asumiésemos que abonó esas 29 sanciones tras nuestra denuncia, tenía sin pagar unas 125, pues 20 de ellas eran de años anteriores a la época denunciada por el PSPV», ha indicado Puerta, quien ha añadido que, de hecho, hasta la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Policía Nacional, en un informe remitido al juzgado que decidió sobreseer el caso, «dio a conocer el llamativo hecho de que todas estas sanciones no se abonaron porque prescribieron».
Es decir, «que a cualquier vecino y vecino de Castelló le embargan sus nóminas si no pagan una multa, pero al señor Ramírez, de forma mágica, no le embargaron por tener multas pendientes de pago desde 2019 y, encima, no le notificaron 125 sanciones presuntamente sin pagar en 2023», ha apuntado la portavoz socialista.
«Y es precisamente este hecho, la prescripción de tantas multas, y el hecho de que la persona que ha podido ser beneficiada sea el concejal de Movilidad, la que ha generado la sospecha de la Audiencia Provincial, quien ha ordenado que se practiquen nuevas diligencias para determinar si ha habido tráfico de influencias u otro delito penal», según Puerta.
Como ha señalado la portavoz socialista, desde el primer momento advirtieron de la «anormalidad» de lo ocurrido, pero para el concejal de Begoña Carrasco «su infracción era como ‘tirar una colilla al suelo’, riéndose así de la ciudadanía».
Por todo ello, «hoy exigimos la dimisión inmediata de Cristian Ramírez o, en su defecto, su destitución por parte de la alcaldesa, porque no se puede gestionar la movilidad de una ciudad mientras se investiga si se pudo usar el cargo para evitar sanciones», ha destacado.
