E.P.
El Defensor del Pueblo ha iniciado una investigación de oficio sobre el Aeropuerto de Castellón al considerar que esta infraestructura, entre otras, supone una «falta de estrategia en la planificación» que acarrea «perjuicios irreversibles o de difícil reparación en los espacios naturales y no pequeñas pérdidas económicas». Por ello, ha pedido un informe sobre esta instalación.
En la Memoria Anual del Defensor del Pueblo de 2012, a la que ha tenido acceso Europa Press, señala que en España hay numerosas infraestructuras que suponen grandes pérdidas en los espacios naturales y mermas económicas en infraestructuras con poca o escasa utilidad para el interés general, como el Aeropuerto de Castellón o el denominado ‘Metropol Parasol’ de Sevilla (las setas de la Encarnación).
Concretamente, en el informe solicitado quiere «conocer el estado del trámite, la fecha aproximada en que podría estar operativo, la diferencia entre el coste presupuestado y el real de ejecución, el origen de los fondos (públicos y privados) y las desviaciones entre las previsiones del Plan Director del Aeropuerto y la realidad. La investigación busca también comprobar la efectividad de la planificación aeroportuaria.
Así consta en el Informe Anual del Defensor del Pueblo correspondiente a 2012, presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados por la dirigente de esta institución, Soledad Becerril. En el documento se especifica además que la investigación, abierta de oficio, se ha iniciado ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) del Ministerio de Fomento, sobre la falta de actividad del aeropuerto para «comprobar la efectividad de la planificación aeroportuaria».
Según han informado fuentes del Defensor del Pueblo a Europa Press esta investigación sigue «abierta» y han confirmado que, como toda investigación de oficio, se ha llevado a cabo motivada porque la institución lo ha considerado «suficientemente importante» como para investigarlo. El pasado lunes 18 de febrero el aeródromo recibía el primer vuelo de prueba en sus pistas, después de casi dos años desde la inauguración de la infraestructura.
El informe recuerda que el pasado año ya hacía referencia a que la evaluación estratégica no alcanza solo a lo ambiental. La evaluación estratégica «solo tiene sentido» si es hecha antes de tomar la decisión final. La Ley exige para los grandes planes y programas tener en cuenta la alternativa cero, es decir la posibilidad de su no realización.
«Como es bien conocido, muchas instalaciones, como aeropuertos, palacios de congresos, museos, estaciones, líneas ferroviarias e incluso carreteras se encuentran cerradas o infrautilizadas. Algunas investigaciones sobre esta situación se iniciaron ya hace años por deficiencias en la evaluación de impacto y otras irregularidades, como es la falta de autorización inicial, algo tolerado y hasta justificado, en algunos casos, por la Administración Pública, todo ello con importantes consecuencias económicas. A la vez, es justo mencionar que en muchas otras ocasiones los sistemas jurídicos de control han funcionado», lamenta.
En general, en materia de Medio Ambiente, la Memoria del Defensor de 2012 considera que la «larga duración de las investigaciones» en torno a las quejas por asuntos medioambientales se debe, entre otras causas, a que las administraciones públicas le envían información «insuficiente» para esclarecer los supuestos de la queja, lo que provoca que la Institución deba solicitar informes adicionales.
Además, considera que es difícil obtener respuestas «sencillas y directas» y los informes de las administraciones van desde «meras notas telegráficas» hasta documentos «muy prolijos y a veces poco claros». «El término medio, de respuestas concisas y completas, es infrecuente», añade.
Asimismo, señala que las quejas de medio ambiente entrañan una «significativa dificultad» para clasificar las investigaciones en materia de medio ambiente por la variedad de su objeto y porque normalmente se plantean asuntos que son competencia de más de un escalón administrativo territorial y con más de una o dos legislaciones simultáneamente aplicables.
Igualmente, añade que muchas de las quejas, incluso las individuales, expresan problemas colectivos que no solo afectan a quien formula la reclamación. De hecho, precisa que muchas proceden de plataformas ciudadanas, asociaciones de vecinos, entidades o agrupaciones ecologistas. La memoria destaca que estas quejas dan lugar a largas investigaciones que en muchos casos duran meses e incluso años.
