Después de cuatro años, la Primavera Valenciana se salda con dos juicios de faltas, cuyas penas quedan reducidas a sanciones de 75 a 690 euros, o a absoluciones
Tras cuatro años de «angustia» y cinco convocatorias, se celebran los dos juicios de las nueve personas encausadas por los hechos acaecidos en Valencia durante el 2012, fruto de las luchas contra los recortes en Educación que el gobierno de la Generalitat aplicó.
El sindicato CGT-PV señala que el «despilfarro y la mala gestión del gobierno del PP que acumuló una deuda de más de 65.000 millones de euros, llevó al anterior ejecutivo valenciano a la decisión política de recortar en diferentes sectores vitales y de forma especial en Educación. Por esa razón, estudiantes, profesorado, familiares del alumnado y la sociedad valenciana en general se movilizó contra estas irresponsables políticas antisociales. La llamada Primavera Valenciana que surgió tras esas luchas, tuvo las consecuencias de violentas agresiones policiales y las detenciones de jóvenes, incluso menores de edad».
«Lo que se tildó como jóvenes violentos, -continúa la formación sindical- tratados como delincuentes, para quienes se pedían varios años de cárcel, ha quedado reducido a faltas, ya que la gravedad que querían demostrar no era tal. Sin embargo, las denuncias por malos tratos y agresión policial, que interpusieron las personas detenidas, fueron archivadas porque éstas quedaron prescritas al no realizar el juzgado las diligencias que tocaba en tiempo y forma. Y, más significativo si cabe, tales agresiones no pudieron considerarse como argumentos de defensa en la causa».
Ante el resultado de las dos sentencias, firmadas el pasado mes de abril y después de cuatro largos años de preocupación y angustia por parte de las personas encausadas y sus familias, desde la Confederació General del Treball (CGT-PV) se manifiesta lo siguiente:
Ha quedado evidenciada la situación penosa, precaria y patética por la que atraviesan los juzgados. Juzgados que se encuentran colapsados, con expedientes acumulados en sótanos, o apilados por los suelos, debajo de mesas o por donde se puede, quedando muchos de esos expedientes prescritos por la falta de medios y personal judicial disponible, lo que hace imposible sus diligencias en tiempo y forma, como así ha quedado demostrado en el caso que nos ocupa. Estas sentencias dejan en evidencia la precariedad de una justicia agotada y desbordada, que además pone de manifiesto a un Estado vengador de personas, cuando éstas se movilizan por defender una mejor educación.
También ha dejado de manifiesto la represión que nos amenaza coartando la libertad de expresión. Ya son demasiadas las personas fichadas por la policía o encausadas como consecuencia de movilizaciones, acusándolas de delitos que en la mayoría de los casos quedan en nada, porque no hay delito. Pretenden infundir miedo para acabar con toda protesta y así convierten a este país en un Estado totalitario, donde los verdugos pasan a ser las víctimas y las víctimas pasan a ser castigadas, en muchas ocasiones sancionadas con cantidades desproporcionadas e imposibles de pagar.
Mientras, la Administración saturada gracias a la contribución del Estado en casos de nada, invirtiendo su trabajo en un tiempo perdido cuando hay infinidad de causas pendientes que requieren con urgencia su intervención.
Una vez más la clase política y las instituciones no están a la altura de las personas.
