Acció Ecologista-Agró ha denunciado públicamente la ejecución de talas en un paraje incluido dentro de la zona PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales) del Parque Natural de Penyagolosa, una zona de alto valor ambiental y muy sensible a los impactos ambientales por la riqueza y valor de su fauna y flora y, además, incluye áreas ZEC (Zona de Especial Conservación) y ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) de la Red Europea Natura 2000.
La asociación ecologista ignora si la tala corresponde a una explotación forestal privada o responde a otros objetivos impulsados por la misma administración, pero parece claro que se están abatiendo centenares de pinos de grandes dimensiones, aparentemente sanos y que no están cortándose precisamente árboles pequeños, mal formados, etc.
Acció Ecologista-Agró pide a la Conselleria de Medio Ambiente que determine quién es el responsable de esta actuación y que compruebe si está cumpliéndose la legalidad, especialmente por lo que hace referencia a, pliego de condiciones, o normas de actuación, de esta intervención. En este sentido, AE-Agró anuncia que se dirigirá formalmente a la Dirección General de Medio Natural para reclamar la vigilancia y esclarecimiento de los hechos.
La asociación ecologista recuerda que el Penyagolosa, pese a ser uno de los enclaves naturales más valiosos de la Comunitat y un referente emblemático para todos los valencianos, ha sufrido durante los últimos años otras intervenciones que, independientemente de las intenciones o justificaciones, han acabado teniendo innecesarios e intolerables impactos negativos.
Hace poco, unas talas promovidas por la misma Generalitat Valenciana, como medida de ‘mejora forestal’, fueron denunciadas por AE-Agró y otros colectivos conservacionistas de Castellón por los graves impactos ambientales sobre la fauna, la vegetación natural y el suelo fértil. En aquel caso, tras documentar las denuncias, la administración valenciana efectuó una inspección y determinó que la ejecución de las talas previstas era muy inadecuada y, finalmente, se suspendieron las actuaciones (que ejecutaba una empresa privada, pagada por la administración).
Hace más tiempo, una tala de árboles que tenían presencia de muérdago (Viscum album), pero que estaban sanos y sin problemas de ningún tipo, fue suspendida también después de denuncias de AE-Agró y de Bosc Viu dado que, aunque se presentaba también como mejoras, acababa teniendo efectos muy negativos y una eficiencia muy discutible.
Eran una malversación de dinero público y una grave agresión al medio ambiente. Aunque la tala fuera en terrenos privados y se tratara de una explotación de madera, también debería de estar regulada, ya que la normativa forestal exige una exploración forestal planificada, ordenada y sostenible. La sostenibilidad, y más en un paraje protegido y amparado por figuras europeas de conservación, exige una manera adecuada de emprender las actuaciones, incluso aunque sean de finalidad comercial.
La ley forestal valenciana, en su artículo 20, establece entre los criterios que han de inspirar la gestión forestal el de «regular el aprovechamiento forestal ordenado de los bosques como fuente de recursos naturales renovables, haciéndolos compatibles con la protección del medio natural». La Comunidad Europea, en la importante Declaración de Helsinki (1993) que establece y detalla el concepto de gestión forestal sostenible, incluye que «se han de potenciar prácticas forestales que faciliten la multifuncionalidad y la gestión sostenible, incluyendo la conservación y mejora de la biodiversidad, tanto en fincas privadas como públicas». La administración pública, recuerda AE-Agró, ha de hacer cumplir las leyes y los acuerdos internacionales.
Con estos antecedentes y teniendo en cuenta el alto valor del paraje, desde AE-Agró piden la paralización cautelar de las actuaciones y la inspección inmediata por parte de los servicios del parque, y de los servicios territoriales de la Conselleria, para averiguar si dichas actuaciones son correctas.
