La presidenta de la plataforma, Isabel Segura, ha podido reunirse con el director general de la Vicepresidencia del Consell, Jorge Iván Castañón, gracias a la intervención del Síndic de Greuges | La vicepresidenta Oltra ha delegado en Jorge Iván Castañón, director general de la Vicepresidencia
Tras más de un año de solicitar reunión con la Vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ahora la Vicepresidencia atiende la petición de la Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi gracias a la intervención del Síndic del Greuges. En concreto, Oltra ha delegado esta reunión en el director general de la Vicepresidencia, Jorge Iván Castañón, que nada más comenzar se ha disculpado por el retraso y, de forma interesada, ha querido conocer de cerca cuáles son los puntos de la ley que afectan a los socios de la Plataforma.
Sin duda, era primordial haber tenido esta reunión antes del 10 de noviembre, fecha de publicación del texto definitivo de la Nueva Ley del Taxi de la CV en el Boletín Oficial de la Generalitat, para poder transmitir a la Vicepresidenta la preocupación del sector del taxi ante una nueva normativa que acabará con el futuro del sector e injustamente afectará directamente a más de 400 familias que viven únicamente del taxi.
No obstante, según la Presidenta de la Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi, Isabel Segura, “creemos que todavía no está todo perdido y pensamos que, si de verdad a la Generalitat le preocupa el sector, aún está a tiempo de hacer modificaciones en algunos puntos contradictorios que perjudican a muchos trabajadores y que realmente no benefician a nadie”.
En concreto, a lo largo de la reunión, la Presidenta y miembros de la Junta Directiva de la Plataforma han detallado aquellas partes de la ley que consideran muy perjudiciales para parte del sector y que cuyo sinsentido creen que nadie ha analizado:
- Por una parte, la obligatoriedad de pasar la segunda licencia acumulada como vehículo adaptado, es decir cambiar los nuevos taxis híbridos con baja emisión de CO2 por furgonetas diesel para personas con movilidad reducida que son muy caras y que en breve la Unión Europea va a prohibir en las ciudades por ser altamente contaminantes.
“No puede ser que se redacte una ley donde, en menos de tres meses y para mantener nuestros puestos de trabajo, nos obliguen a los taxistas a hipotecarnos para comprar un vehículo que va en contra de lo que Bruselas está marcando en materia de eficiencia energética y que la Comunitat no está exenta de cumplir; es una contradicción”, argumenta Segura.
“Con esta ley, la Administración Autonómica quiere aprovecharse del taxista con más de una licencia para cumplir con la normativa europea de alcanzar el 5% de vehículos adaptados en las calles, que esto puede ser ético o no, pero estoy convencida de que los políticos no han pensado que el único coche adaptado que en este momento se puede comprar en el mercado es diesel y que en menos de dos años Bruselas lo va a prohibir”, indica la Presidenta.
- Por otra parte, la ley obliga a que la segunda licencia de taxi acumulada se adapte o se convierta en vehículo eléctrico de manera permanente y definitiva.
“Pero ¿alguien ha pensado que la Comunitat no está preparada para los vehículos eléctricos; dónde están los puntos de carga para que un taxista pueda tener autonomía a lo largo de su larga jornada de trabajo? Sin duda, estos despropósitos de la ley son los que desde la Plataforma intentamos que los políticos visibilicen para evitar injusticias”, asegura Isabel Segura.
Por todo ello, Segura le ha pedido al Director General que traslade también esta problemática a su partido, para ver si desde el Ayuntamiento de Valencia es posible ofrecer alguna subvención, como ocurre en otras ciudades de España, para ayudar a comprar estos nuevos coches eléctricos como marca la nueva normativa o, por lo menos, para que instalen puntos de carga en toda la ciudad y así tenga sentido la gran inversión que los taxistas van a hacer estos próximos meses.
Por su parte, el Director General de la Vicepresidencia ha solicitado a la Plataforma un informe detallado del articulado de la ley que según sus socios debería revisarse para así poder estudiarlo con su equipo de gobierno y ver si tiene cabida en este momento una posible modificación.
Asimismo, Castañón se ha comprometido a tratar este tema con la Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, así como con el Director General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, para ver cómo se pueden minimizar los efectos de esta ley en aquellos taxistas que, amparados por la ley anterior, se hipotecaron para poder tener más de una licencia de taxi.
Y es que ya son muchos los taxistas que están estudiando interponer las demandas pertinentes contra la Generalitat por considerar que la Ley 13/2017, de 8 de noviembre, del Taxi de la CV es inconstitucional, discriminatoria, provoca inseguridad jurídica y “es un atropello a los derechos adquiridos”, concluye la Presidenta de la Plataforma.
