El Consistorio afirma ahora que “nunca ha tenido datos de carácter personal de las personas que participaron en la encuesta fallera” que ha motivado la reclamación de la AEPD
La sombra de la polémica encuesta fallera de Fuset se alarga más allá de lo imaginable. Tras recibirse en el Ayuntamiento de València un escrito de la Agencia Española de Protección de Datos por la vulneración de derechos en lo que a protección de datos personales se refiere, el equipo jurídico del consistorio trabaja en una serie de alegaciones con las que solicitará al mencionado órgano el archivo completo del procedimiento que ha abierto, “ya que el escrito se basa en la tenencia y utilización de datos de carácter personal de las personas encuestadas, hecho que nunca se ha producido”. Además, los técnicos del Ayuntamiento señalan “que hay una serie de incoherencias muy importantes que a efectos prácticos deje sin motivación el expediente».
De hecho, desde el Ayuntamiento se ha insistido “en el hecho de que nunca se han tenidos datos de carácter personal de las personas encuestadas, hecho que inhabilita el procedimiento de la Agencia de Protección de Datos, ya que basa toda su motivación de las supuestas infracciones en ese punto”. Por su parte, los responsables de la Concejalía de Cultura Festiva aseguran “que esta actuación solo se entiende por una motivación estrictamente política y no desde un punto de vista jurídico”.
En la Concejalía se insiste en el hecho de que “la empresa –de una reconocida solvencia y experiencia en el ámbito de la demoscopia- destruyó esos datos –de validación, normales y habituales en todas las encuestas- el día 1 de julio, tal y como comprobaron dos técnicos de la Agencia de Protección de Datos. Y en el informe elaborado por la Agencia así se reconoce. Por lo tanto, cuando dan un plazo para destruirlas se está cayendo en una incomprensible contradicción”.
Lo cierto es que la Agencia de Protección de Datos pone el acento en el hecho de que la encuesta no informara adecuadamente sobre la recogida de datos personales y los derechos que en este sentido asisten a los encuestados, se destruyeran dichos datos o no.
“Motivación política” de la Agencia Española de Protección de Datos
“En todo caso, este es un punto secundario, porque la Agencia de Protección de Datos no ha hecho de momento ningún requerimiento a la empresa encuestadora, sino al Ayuntamiento, quien nunca ha tenido en su posesión ningún tipo de datos personales, tal y como comprobaron los inspectores de la Agencia”, hecho por el que la regidoría de Cultura Festiva sospecha que hay “una motivación política” detrás de la actuación, y por eso solicita el archivo completo del procedimiento.
Por otra banda, los responsables municipales han vuelto a explicar que todos los datos que están colgantes en la web municipal “son datos agregados, sin ningún tipo de información personal (porque el Ayuntamiento nunca las ha tenido en su poder), Y por lo tanto no hay ningún dossier a eliminar ya que la ciudadanía tiene derecho a tener acceso”.
A este respeto, el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha cuestionado hoy “si la PP municipal tiene información privilegiada cuando han asegurado públicamente de que el Ayuntamiento será multado –ya que el procedimiento está abierto y el consistorio debe presentar aún las alegaciones-“.
Al contraataque: El PP hace un uso partidista de las instituciones
«Luis Santamaria debería explicar cómo y porqué sabe con antelación como acabará este procedimiento y si dispone de información privilegiada». Postreramente, se ha lamentado que el PP “haga una utilización partidista de las instituciones públicas como últimamente se está viendo en varios casos adscritos a dinamitar la acción de los gobiernos del cambio y dar una sensación de caos que no se corresponde con la realidad de una encuesta bien planteada y bien ejecutada que ha aportado información muy valiosa para los agentes festivos y el conjunto de la ciudadanía”.
Santamaría pregunta a Ribó «cuál es el plan con Fuset»
El presidente de la gestora del PP de Valencia Ciudad, Luis Santamaría, preguntaba ayer al alcalde de Valencia, Joan Ribó, “cuál es el plan con el concejal Pere Fuset» después del expediente abierto por la AEPD «a costa de la tristemente famosa encuesta que Fuset hizo a los representantes del mundo fallero, y en la que preguntaba por cuestiones como las afinidades políticas o la religión de los participantes”.
Santamaría afirmaba que la Agencia “nos da la razón a quienes dijimos que era ilegal, que no se debía haber preguntado nunca por la orientación política de los encuestados, a los que además se identificaba”.
A juicio del presidente de la gestora de Valencia ciudad, “esta multa pone de manifiesto la ausencia de un Gobierno municipal cualificado, la ausencia de un director de orquesta. Ribó no tiene ningún plan para la ciudad, ni para el Gobierno, ni para Fuset. Su único plan consiste en ausentarse e irse de vacaciones de forma recurrente”, señaló.
Santamaría recordaba, además, que el concejal de Compromís “está enfrentado y reprobado por el mundo fallero y además ahora multado por la Agencia de Protección de Datos, cuestiones por las que ya debería haber presentado su dimisión” y se preguntaba “quién va a asumir el pago de la multa”. Así, Santamaría recordaba que según la Ley de protección de datos esta sanción tendría un importe mínimo de 300.000 euros pero que podría llegar a los 1,2 millones de euros. “Mucho nos tememos que acabarán pagándolo todos los valencianos en lugar de asumirlo Fuset o Compromís”.
“Fuset y Ribó no pueden hacer lo que quieran desde el Ayuntamiento, porque aunque Compromís no lo crea, y es algo que también la pasa a Oltra, nadie está por encima de la Ley”, manifestaba Santamaría. Por último, el dirigente popular señaló que la ciudad de Valencia “tiene muchas más urgencias que las encuestas de Fuset y el pago de multas cuantiosas, cuyo dinero podría destinarse a limpiar la ciudad de insectos, ratas y ramas de árboles caídos”.
