Agentes medioambientales de la Comunitat Valenciana han encontrado 12 corzos ahogados en un canal de riego de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Una auténtica tragedia que se repite cuando las infraestructuras de riego no cuentan con vallado u otros sistemas de seguridad. Los animales se acercan a beber y caen en una zona estrecha del canal, no pudiendo salir y siendo arrastrados. Seguramente, a la parte del canal en la que han sido encontrados llegaron ya ahogados. Una escena que lamentablemente se repite con mayor frecuencia en épocas de calor y sequía, precisamente por la escasez de agua en el entorno.

Los agentes, de hecho, han iniciado ya los trámites para dar parte de los hechos conforme a lo dispuesto en este sentido en la Ley de Responsabilidad Medioambiental al propietario, instándole a que coloque medidas protectoras que eviten que se vuelva a producir una cosa así.
El confinamiento ha traído imágenes esperanzadoras de cómo la Naturaleza ha recuperado un tanto el tono y así, multitud de animales hasta ahora difíciles de ver allá donde el hombre suele habitar o moverse, han vuelto a campar a sus anchas. Imágenes que invitan a la reflexión sobre lo rápida y fácilmente que se puede devolver al entorno natural parte de su antiguo esplendor.
Pero la realidad del confinamiento también tiene su reverso, como lo demuestra el hecho de que el consumo de plásticos ha repuntado de forma notable, con lo que eso conlleva para los ecosistemas marinos, por ejemplo, o la falta de mantenimiento y seguridad en instalaciones como las torres y tendidos de alta tensión -que provoca la electrocución en cantidades alarmantes de aves- o, como en este caso, los canales y balsas de riego, como en este caso.
El esfuerzo para acometer las reformas necesarias en lo que a sostenibilidad y conservación del medioambiente se refiere es un tema capital que permitirá sacar una conclusión positiva de la actual crisis causada por el coronavirus COVID-19. Una ocasión única que con el compromiso de todos, una legislación adecuada y una aplicación rigurosa de dicha legislación por parte de las administraciones públicas, puede aprovecharse por el bien del planeta.








