EUROPA PRESS
El alcalde de Nules, Mario García, y el concejal de Urbanismo, José Manuel Casaus, han ratificado ante el juez que desde el año 2007, cuando llegaron al equipo de gobierno, no se ha cometido ninguna irregularidad por parte del Ayuntamiento respecto a las construcciones de la marajalería, según ha informado el consistorio en un comunicado.
García y Casaus han declarado este martes ante el juez como imputados tras la denuncia presentada por el grupo ecologista Gecen y algunos vecinos afectados por presuntamente permitir construir en la marjalería de este municipio.
El alcalde entiende que a partir de ahora se presentará toda la documentación que el juez requiera para probar sus afirmaciones, «por lo que sólo nos queda esperar, aunque con total tranquilidad porque sabemos cuáles son nuestras competencias y cuáles han sido nuestras actuaciones desde el minuto uno en este problema», ha dicho.
Con todo, el primer edil ha indicado su «incomprensión» por el papel que –en su opinión– están jugando algunos vecinos afectados en el proceso. De hecho, tanto García como Casaus han tenido que responder también a las preguntas del abogado de algunos de los afectados en lo que al alcalde le parece un «claro antagonismo», dado que «se han sumado a la denuncia que presenta un grupo ecologista que quiere que se derriben sus casas, para lo que a su vez nos piden nuestro respaldo, por lo que no entiendo qué buscan exactamente con esta acusación».
Mario García ha recordado una vez más que desde el primer momento el equipo de gobierno ha mostrado su intención de defender los intereses de los vecinos del municipio «siempre que estén dentro de la ley» y -ha matizado- muchos de los vecinos de la marjaleria «saben perfectamente que, ante la ley, construyeron sus viviendas de forma ilegal a sabiendas».
En este sentido, el alcalde ha insistido en que «la única solución que entendimos viable desde el primer momento venía de la mano de conseguir que la Conselleria de Infraestructuras, que es la que tiene competencias en materia urbanística, regulara la zona, teniendo en cuenta que desde el 2002 tiene especial protección al estar incluida en el Catálogo de Zonas Húmedas».
En definitiva, –ha añadido– la declaración de hoy «es un paso más en un proceso muy espinoso que no se inició en el 2007, ya que el anterior equipo de gobierno también está imputado».
Precisamente al respecto de la imputación, Mario García ha matizado que en este caso «no se está hablando de corrupción política, sino de un problema urbanístico que se arrastra desde hace muchos años, en el que el papel que juega el Ayuntamiento es el de colaborar con la Conselleria, que es la que tiene las competencias en esta materia, para regular una zona donde no sólo hay viviendas, sino también parcelas agrícolas, por lo que la solución pasa por clarificar cuáles son los usos permitidos».
Por lo que respecta a las construcciones, ha asegurado que desde el año 2007 el Ayuntamiento ha informado «en todo momento» sobre la prohibición de construir en la marjaleria, «por lo que las personas que actuaron de forma flagrante contra la ley y desoyeron esta prohibición deberán asumir sus responsabilidades», ha finalizado.
