La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy las bases de los alquileres sociales, con las que se sufragará hasta el 40% de las mensualidades de las personas que lo necesiten
El Ayuntamiento de Valencia destina este año 1,2 millones de euros para ayudar a las familias que no pueden abonar el alquiler de su hogar. La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy las bases de estas ayudas, que podrán ascender hasta un máximo de 180 euros al mes, que contribuirán (en un 40 por ciento) al pago de alquileres inferiores a los 450 euros mensuales, y que se entregarán directamente a los inquilinos que tendrán que contar con ingresos para poder abonar la diferencia.
La concejala delegada de Vivienda, María Oliver, ha explicado hoy este acuerdo del equipo de gobierno que ha previsto esta partida presupuestaria para cubrir la necesidad de acceder a una vivienda digna de aquellas personas empadronadas en Valencia que no se encuentran en situación de exclusión social pero tampoco disponen de liquidez suficiente para abonar un alquiler. Es el caso, por ejemplo, de colectivos de mayores de 60 años con pensiones bajas y jóvenes con sueldos igualmente bajos, que en muchas ocasiones han tenido que volver a su hogar familiar.
“El objetivo del Ayuntamiento es evitar los desahucios de personas alquiladas, y que todos los ciudadanos y ciudadanas dispongan de una vivienda digna, un derecho básico que hasta el momento no se ha tenido en cuenta en una Valencia que había incrementado su parque de viviendas con criterios especulativos”, ha destacado la concejala, que asimismo ha recordado que los servicios sociales municipales ya contemplan otras ayudas para quienes se encuentran en riesgo de exclusión o de un desahucio hipotecario.
Por último, María Oliver ha explicado que, una vez publicadas las bases de las subvenciones para los alquileres sociales en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), los interesados cuentan con dos meses para solicitar estas ayudas. Pueden acceder a ellas las personas residentes en Valencia y empadronados en la vivienda para la cual se solicita la ayuda de alquiler, del que siempre tiene que haber un contrato.
Una comisión valorará a los solicitantes que reúnan estos requisitos, que además dispongan de ingresos para poder pagar el 60% del arrendamiento que no cubre la subvención. Este proceso se llevará a cabo en cuatro meses y entre los criterios que se tendrán en cuenta destacan la renta. Cabe destacar que se considerará especialmente o la condición de víctima de terrorismo o violencia de género.
