El Ayuntamiento de Castelló ha concedido un total de 2.497 ayudas que suman 396.306 euros para hacer frente al pago de facturas de luz, agua y gas de familias en situación de emergencia social. Dentro de este plan para combatir la pobreza energética, que puso en marcha el gobierno municipal en 2016, se han otorgado 252 ayudas por 51.846 euros durante el pasado año para costear dichos suministros y evitar cortes. De ellas, 164 han sido para pagar facturas de luz, 71 para suministro de agua, 14 para gas y otras tres para facturas de gas y luz.
La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, ha destacado que el consistorio puso en marcha en 2016 el plan para reducir la pobreza energética tras cerrar acuerdos con las principales empresas suministradoras de agua, gas y electricidad. «La reducción de la pobreza energética fue una de nuestras principales prioridades al llegar al gobierno municipal y por ello activamos un plan para evitar el corte de los suministros básicos de familias que puedan hallarse en situación de emergencia social», ha manifestado.
En este sentido, dentro de las ayudas de emergencia social del Ayuntamiento de Castelló, a través de la concejalía de Bienestar Social, Dependencia e Infancia, se conceden prestaciones destinadas a la modalidad de suministros básicos energéticos. «El acceso a los suministros básicos constituye una necesidad de primer orden para una vida digna y gracias a estas ayudas las familias en situación de vulnerabilidad pueden hacer frente a los pagos para evitar cortes de luz, agua o gas», ha indicado la concejala Mary Carmen Ribera.
Así, desde que en 2016 se activó este plan, el Ayuntamiento ha concedido casi 400.000 euros para el pago de facturas y evitado el corte de suministros en hogares vulnerables de Castelló.
Por otro lado, junto a estas ayudas, desde los equipos de atención primaria de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Castelló se han realizado otros 96 informes para acreditar circunstancias especiales para acceder al bono social eléctrico.
Cabe recordar que el bono social es un recurso que las propias familias pueden tramitar con sus respectivas suministradoras y que, solo en aquellos casos en los que se den circunstancias especiales (situaciones de discapacidad, dependencia o violencia de género, entre otras) es necesario un informe de los servicios sociales que acrediten dichas circunstancias especiales. El pasado año, se emitieron un total de 96 informes para acreditar estas circunstancias especiales.
