El Pleno del Ayuntamiento de Yátova, en su sesión del 14 de julio, aprobó por mayoría absoluta (6) del PSPV-PSOE el cierre del centro de FPA municipal, con el voto en contra del PP (4) y de la Agrupación Electoral Por Yátova (1). La razón argumentada para el cierre era el alto coste económico de la escuela, cifrado en unos 57.000 € anuales.
CCOO afirma que la cifra está falseada, calcula el coste en 3.568’27 € y considera que el consitorio pretende justificar así el despido del profesor de dicho centro, Vicent Alexis Contreras, delegado de personal laboral por Comisiones Obreras en el consistorio, en el marco de un boicot continuado a su persona y al centro público.
El docente, que acumula 14 años de antigüedad, se ha visto forzado a acudir nuevamente a la jurisdicción social para defender sus derechos, “ante la incapacidad de gestión del alcalde de Yátova, Miguel Esteban Tortolá Herrero”. Y es que es la tercera ocasión en la que el delegado sindical ha tenido que acudir a la jurisdicción social, ya que “siempre le han negado el pan y la sal”. El ayuntamiento ha sido condenado dos veces en primera instancia y posteriomente ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, quedando pendiente la apelación de la última sentencia por ser muy reciente.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO PV en las Comarcas del Interior niega que el Ayuntamiento de Yátova esté pagando 57.000 € anuales al docente, y afirma que éste percibe una nómina mensual de 2.034’89 € con un coste anual de 28.488’46 €. La FPA de Yátova recibe de la Generalitat Valenciana una subvención anual que, en 2.020, ha sido de 24.920’19 €, por lo que el coste a las arcas municipales es de 3.568’27 € anuales. Hasta los 57.000 € todavía quedan más de 53.000 € a justificar que, ni siquiera contabilizando los gastos de otras dependencias municipales, como la biblioteca, justifican dicho gasto.
Además, desde hace 4 cursos la FPA está ubicada en otro edificio distinto al de la biblioteca casa de la cultura. De momento, el trabajador ha sido destinado a la Biblioteca municipal como conserje, lo que juzgan un alarde más de mala gestión por parte del ayuntamiento y acoso laboral.
Durante tres años se le ha enviado en el mes de julio, a la biblioteca, a dar clases de repaso a jóvenes que no eran alumnado propio, sin tener en cuenta que debía hacer su trabajo administrativo del centro, las memorias, y programaciones, etc., repercutiendo en sus días y horas libres. “No contentos con ello, se han atrevido a ejercer un control político y a atentar contra su libertad de cátedra” denuncian.
El sindicato considera inconcebible la incapacidad del equipo de gobierno municipal para detectar el beneficio social de la FPA de su ayuntamiento como servicio público destinado a suprimir las desigualdades reales, objetivo que cumple al 100%.
En 2019 el consistorio amortizó una plaza a media jornada de la FPA, a pesar de que en ella se imparten todas las asignaturas que se dan en los institutos, como la preparación para obtener el Graduado en Eso, Valencià Junta Qualificadora, Inglés o Informática.
La matrícula, a fecha de 15 de octubre de 2019, era de 40 personas en Ciclos Formativos y 40 personas en Talleres de Ocio, además de las 5 personas matriculadas en Castellano para inmigrantes Ciclo Alfabetización y 15 personas en Informática.
Estos últimos eran los de la plaza a media jornada que eliminaron porque “no había dinero para otra persona”. También suprimieron el Taller de Memoria, quedando en 15 horas lectivas que fueron asignadas a Vicent Alexis Contreras. Este próximo curso que viene van a ser “0”, lamenta el sindicato, “si el pueblo de Yátova consiente tal tropelía”.
CCOO ha reiterado su compromiso con el servicio público y la lucha para mantener y revitalizar la FPA del Ayuntamiento de Yátova, junto con el Partido Popular, que en la anterior crisis mantuvo abierta la escuela, y con La Agrupación Electoral Por Yátova.
A pesar de la persecución a que ha sido sometido, según el sindicato, no han podido despedir al profesor, que ha estado presentándose 10 años seguidos en cada convocatoria, llegando el ayuntamiento a impedirle presentarse en la convocatoria 11, prohibiendo en las bases de selección presentarse por haber trabajado en las convocatorias anteriores (causa de la primera denuncia, que ganó).
