La Guardia Civil, en el marco de la operación contra el tráfico de drogas ‘Ácido-23’, ha desarticulado un presunto entramado criminal que operaba en varias localidades de la comarca de la Vega Baja mediante la apariencia legal de asociaciones cannábicas.
En total, han sido detenidas 17 personas de ocho nacionalidades diferentes, a las que se les imputan delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.
La operación se inició en marzo de 2023, cuando la Fiscalía Especial Antidroga solicitó informes tras el registro de una nueva asociación. Paralelamente, se detectó un incremento de denuncias relacionadas con tenencia y consumo de estupefacientes en la zona, principalmente por parte de ciudadanos extranjeros.
Con esta información, la Guardia Civil de Torrevieja inició una investigación sobre varias asociaciones de cannabis que supuestamente operaban sin ánimo de lucro pero que, en realidad, funcionaban como puntos de venta de droga con fines lucrativos.
Tras más de un año de investigación, los agentes llevaron a cabo la explotación de la operación en seis diferentes fases. Entre noviembre de 2024 y marzo de 2025 se practicaron ocho entradas y registros en locales situados en Torrevieja, Orihuela Costa, Guardamar del Segura y Rojales, donde se hallaron sustancias estupefacientes, útiles para su consumo, y dinero en efectivo. En uno de los locales se descubrió un pequeño laboratorio donde, además de cultivar marihuana, se elaboraban productos derivados como hachís, aceites y diferentes dulces que contenían dicha sustancia.
En total, se intervinieron cerca de 10 kilos de marihuana y productos derivados, 767 porros preparados, jeringuillas con extracto líquido, plantas y 4.298,78 euros en efectivo.
Los detenidos, 11 hombres y seis mujeres de entre 26 y 69 años y nacionalidades española, británica, colombiana, rusa y finlandesa, quedaron en libertad con la imposición de medidas cautelares tras su puesta a disposición judicial. Además, como resultado judicial, se ha decretado la clausura de las seis asociaciones implicadas durante un periodo de cinco años.
