El exalcalde de Navajas José Vicente Torres (PP), ha sido condenado por la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón a 11 meses de prisión y 7 años de inhabilitación para ocupar cargo público por prevaricación y malversación, delitos relacionados con irregularidades en la gestión presupuestaria municipal entre 2013 y 2015.
Por otra parte, el que fuera secretario interventor del Ayuntamiento de Navajas en esos años, ha sido condenado a 4 años de prisión, 3.000 euros de multa, 3 años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública y 9 de inhabilitación para ocupar cargo público, al ser considerado cooperador necesario de un delito de prevaricación y autor de los delitos de malversación y falsedad en documento público.
La que fuera tesorera del Ayuntamiento también ha sido condenada, en su caso a 5 meses de prisión, 3.000 euros de multa y 5 meses de inhabilitación para ocupar empleo o carago público por un delito de malversación.
El exsecretario interventor deberá además indemnizar al Ayuntamiento de Navajas con un total de 44.394,18 euros; el exalcalde, 21.134,23 euros y la extesorera, 602 euros.
La sentencia considera probado que el exsecretario interventor emitió tres certificados, los dos últimos con el visto bueno del exalcalde, en los que se contraía presupuestariamente una deuda reconocida en 2013 de más de 57.000 euros para la finalización de una obra de urbanización, en el caso de los dos primeros, y otra deuda de 60.000 euros reconocida en 2014 para la finalización de otra obra de pavimentación y renovación de las redes de agua potable, en el tercero.
Sin embargo, la aprobación presupuestaria de los presupuestos municipales de 2013 y 2014 no se realizaron en las fechas indicadas en estos certificados, sino en enero de 2015, y se hizo así para poder disponer de las subvenciones otorgadas por la Diputación de Castellón, dando a entender que existía consignación en unos presupuestos municipales que aún no se habían aprobado. Las correspondientes subvenciones fueron ingresadas en las cuentas del Ayuntamiento y no consta que se haya exigido su reintegro.
El exsecretario interventor, aprovechando la falta de fiscalización tanto interna como externa, consiguió ingresar en su patrimonio entre 2013 y 2015 44.394,18 euros por conceptos injustificados, aunque 13.668 euros han sido reintegradod en un proceso de Reintegro del Tribunal de Cuentas. El exalcalde, por su parte, ingresó injustificadamente en su patrimonio 21.134,24 euros entre 2013 y 2014. Y la extesorera ingresó en su patrimonio, a través de dos cheques al portador no justificados, 602 euros.
El exsecretario interventor ingresó en la cuenta del tribunal, con anterioridad a la celebración del juicio, 44.394,18 euros, mientras que el exalcalde ingresó 16.000 euros y la que fuera tesorera 602 euros.
