La Generalitat Valenciana recibirá 40 millones como anticipo del Fondo de Solidaridad de la UE y los ayuntamientos, 14,4 millones, unos recursos que deben destinarse a cubrir el gasto de las actuaciones de emergencia, rehabilitación y reconstrucción realizadas en las zonas afectadas por la DANA.
Así lo ha anunciado este lunes el Ministerio de Hacienda en una nota de prensa donde señala que ha comunicado a la Generalitat y a los municipios afectados por la DANA que habían consignado gasto elegible para el Fondo de Solidaridad de la UE (FSUE) el reparto definitivo del anticipo de 100 millones de euros de dicho mecanismo aprobado por la Comisión Europea.
En concreto, el gobierno autonómico recibirá 39,9 millones de euros y las Entidades Locales afectadas con gasto elegible otros 14,4 millones, con lo que se culmina el procedimiento de distribución de este adelanto de recursos procedentes de este mecanismo comunitario.
El pasado 3 de junio, el Ministerio informó a la Generalitat y a los municipios afectados por la catástrofe natural que solicitaron esta ayuda, la distribución preliminar del anticipo del FSUE.
Dicho reparto se calcula en función del peso de la estimación de gasto presentada por cada subsector sobre el total reflejado en la solicitud a la Comisión para el conjunto de todas las Administraciones, o sea, en función de lo que representa el gasto consignado por la Generalitat o cada ayuntamiento respecto al total solicitado.
De esta forma, a la Generalitat le correspondían 30,8 millones y a las Entidades Locales que consignaron gasto elegible otros 23,5 millones de adelanto.
Sin embargo, tal y como informó el Ministerio de Hacienda por carta, los ayuntamientos podían optar por no recibir el anticipo y esperar a la transferencia definitiva de los fondos, una posibilidad por la que algunos municipios han optado.
Los anticipos que finalmente no se han destinado a las Entidades Locales han sido reasignados al Gobierno de la Comunitat Valenciana para hacer frente a los gastos de emergencia, rehabilitación o reconstrucción. por lo que la Generalitat recibirá 9,1 millones adicionales a los 30,8 comunicados inicialmente y que ya ha cobrado. En total, 39,9 millones. Y las Entidades Locales reciben 14,4.
En cualquier caso, cabe insistir en que renunciar al anticipo no implica en ningún caso la renuncia a la obtención final de ayuda con cargo al FSUE, por lo que todas las Administraciones recibirán el dinero que les corresponda con independencia de que hayan o no solicitado el anticipo.
Los Ayuntamientos ya han recibido 1.745 millones en transferencias de la Administración Central para sufragar gastos de DANA y que se encuentran en proceso de ejecución.
Procedimiento del anticipo
Todo este procedimiento se inició el 21 de enero de 2025, cuando el Gobierno de España presentó una solicitud de ayuda financiera a la Comisión Europea con cargo al Fondo de Solidaridad de la UE por importe de 4.403 millones de euros.
De esa cantidad, la mayor parte -más de 2.000 millones- correspondió a gastos de la Administración General del Estado, frente a los 1.357 millones solicitados por la Generalitat Valenciana y 1.035 millones consignados para los ayuntamientos.
En el mes de abril la Comisión Europea ingresó un anticipo de 100 millones. Este importe representa un adelanto de la ayuda total que finalmente determine la Comisión tras la evaluación completa de los daños provocados por la DANA.
Este anticipo permite comenzar a cubrir parte de los gastos elegibles relacionados con las actuaciones de emergencia, rehabilitación y reconstrucción realizadas en las zonas afectadas.
Recursos movilizados por el Gobierno
Al margen del Fondo de Solidaridad de la UE, el Gobierno mantiene su compromiso de movilizar los recursos necesarios para mitigar el impacto provocado por la catástrofe natural.
De hecho, según los datos de ejecución presupuestaria de 2024 y los primeros meses de 2025, la Administración Central ha destinado ya más de 7.500 millones a paliar los daños provocados por la DANA, lo que supone más del 90 % de los recursos ejecutados por todas las Administraciones Públicas para mitigar los efectos de este desastre natural.
